Las mujeres, niños y grupos vulnerables deben tener un espacio a la hora de planificar las ciudades. Ese es el ideal que defiende la destacada abogada chilena.
Marcela Rivas Cerda, destacada abogada chilena especializada en derecho urbanístico, ha centrado gran parte de su carrera en promover la equidad urbana y la seguridad en las ciudades.
Su enfoque, basado en la incorporación de una perspectiva de género en la planificación urbana, busca transformar los espacios públicos en entornos seguros y accesibles para todas las personas, especialmente mujeres y grupos vulnerables.
Con una visión integral, Rivas Cerda enfatiza que «la seguridad urbana no es solo una cuestión de infraestructura, sino de derechos humanos».
Su trabajo aboga por un diseño urbano que considere las experiencias y necesidades de las mujeres, niñas, adultos mayores y diversidades sexuales, quienes enfrentan barreras particulares en su acceso a los espacios públicos.
La inseguridad urbana desde una perspectiva de género
La abogada explica que las ciudades, tal como están diseñadas actualmente, no ofrecen las mismas condiciones de seguridad para todos.
Muchas mujeres modifican sus rutinas diarias para evitar zonas percibidas como peligrosas, lo que limita su movilidad y restringe su participación en actividades sociales, económicas y comunitarias.
«El miedo al acoso y la violencia sexual condiciona la manera en que las mujeres usan la ciudad. Esto impacta directamente en su calidad de vida y en su derecho a disfrutar del espacio público», afirma Rivas Cerda.
Este fenómeno, aunque a menudo invisibilizado en las políticas públicas, refleja desigualdades estructurales que requieren soluciones específicas.
¿Cómo implementar este enfoque?
Para Marcela Rivas Cerda, incorporar un enfoque de género en el diseño urbano implica repensar desde la iluminación hasta la movilidad en las ciudades. Algunas de las estrategias clave que propone incluyen:
- Rutas Seguras: Diseñar rutas que prioricen la seguridad y accesibilidad, especialmente en zonas con alta incidencia de violencia de género. Esto incluye una adecuada iluminación, visibilidad en áreas transitadas y eliminación de espacios confinados o inseguros.
- Auditorías de seguridad con enfoque de género: Evaluar los espacios urbanos con la participación activa de mujeres y comunidades vulnerables para identificar riesgos y proponer mejoras. Estas auditorías permiten comprender cómo la configuración de la ciudad afecta la percepción de seguridad.
- Participación comunitaria: Involucrar a comités de seguridad barrial, organizaciones de mujeres, comunidades educativas y grupos LGTBIQ+ en la planificación de políticas urbanas. Según Rivas Cerda, «la inclusión de las experiencias de quienes más enfrentan inseguridad es fundamental para construir soluciones efectivas».
- Diseño adaptado a cada contexto: Reconocer que las necesidades de seguridad varían entre barrios céntricos y zonas periféricas. En comunidades con menor infraestructura, la falta de transporte y servicios exacerba las condiciones de inseguridad.
- Transformación cultural: Más allá del diseño físico, Rivas Cerda insiste en que es necesario desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan la violencia de género en los espacios públicos.
El tránsito hacia ciudades más seguras e inclusivas
La visión de Marcela Rivas Cerda trasciende el ámbito técnico del urbanismo. Para ella, garantizar la seguridad urbana con perspectiva de género es un paso esencial hacia la equidad y la inclusión. «No se trata solo de reducir la criminalidad, sino de transformar las relaciones de poder que generan miedo e inseguridad», señala.
Este enfoque no solo beneficia a las mujeres, sino que promueve ciudades más justas para todos sus habitantes. A medida que más municipios adopten estas estrategias, las urbes chilenas podrán avanzar hacia un futuro donde la seguridad sea un derecho tangible para cada ciudadano, sin importar su género o condición social.
«El urbanismo con perspectiva de género no es solo una meta deseable; es una necesidad urgente para construir ciudades inclusivas, equitativas y seguras», concluye la abogada, llamando a las autoridades y comunidades a trabajar en conjunto para hacer realidad esta visión.
