El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha ordenado la reanudación del proceso de licitación para los almacenes de venta libre, también conocidos como Duty Free Shop, en el aeropuerto de Santiago. Esta decisión se produce tras una suspensión de nueve meses que había sido impuesta el 17 de enero del presente año, luego de que Nuevo Pudahuel, la concesionaria que maneja el aeropuerto, solicitara al Tribunal que revisara si las bases de la licitación podrían infringir las normas de libre competencia.
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El procedimiento de licitación se inició en octubre de 2023, con la expectativa de que la concesión se adjudique a mediados de 2025. Sin embargo, la inquietud sobre las bases de licitación llevó a la suspensión temporal, para evaluar las preocupaciones planteadas por Nuevo Pudahuel con respecto a la competencia en el mercado.
Reanudación de licitación para almacenes Duty Free
Recientemente, se llevó a cabo una audiencia pública en el TDLC, donde participaron abogados de Nuevo Pudahuel, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Nacional Económica y la empresa Motta Internacional, encargada de operar los almacenes de venta libre. Durante la audiencia, se presentaron diversos argumentos que finalmente llevaron al Tribunal a levantar la suspensión sobre la licitación.
Motta Internacional señaló que no existían pruebas contundentes que indicaran que las bases de licitación afectarían la libre competencia. Además, la empresa argumentó que la medida cautelar impuesta era desproporcionada y que su continuidad generaba perjuicios tanto para los consumidores como para los actores del mercado.
La firma también destacó que el mercado relevante afectado por la licitación no se define únicamente por esta, lo que implica que cualquier riesgo de diseño en las bases no debería considerarse un obstáculo anticompetitivo significativo que justificara la cautelar impuesta anteriormente.
La abogada de Nuevo Pudahuel, Vanessa Facuse, abrió la audiencia expresando que las bases de la licitación conllevaban graves riesgos para la libre competencia. Afirmó que estas bases podrían desincentivar la participación de oferentes, resultando en precios más altos y menos opciones para los consumidores. También destacó que existía un potencial de explotación parcial de las superficies que podría comprometer la calidad del servicio.
Por otro lado, el abogado Matías Edwards de la FNE defendió que la mayoría de las disposiciones impugnadas no presentarían distorsiones en el proceso de selección del concesionario. Sin embargo, admitió que había áreas en las bases que podrían mejorarse para fomentar una competencia más efectiva en el proceso.
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Finalmente, Leonardo Corral, representante del CDE, indicó que, a pesar de la existencia de un monopolio legal en este caso, no se habían encontrado obstáculos significativos en cuanto a las normativas de libre competencia. Resaltó que las únicas restricciones en las bases eran las relacionadas con conflictos de interés y comportamientos ilícitos, concluyendo que las preocupaciones planteadas no eran suficientes para rechazar las bases de la licitación.
