Este domingo, más de 300 locales comerciales en todo Chile deberán cerrar sus puertas debido a la realización de las primarias del oficialismo. La medida ha generado preocupación en el sector del comercio formal, ya que coincide con dos factores clave para su actividad: las vacaciones de invierno y la llegada de turistas argentinos, que históricamente han impulsado las ventas en esta época del año.
La jornada electoral será protagonizada por cuatro figuras del oficialismo: Gonzalo Winter, del Frente Amplio; Jeannette Jara, del Partido Comunista; Carolina Tohá, del Partido por la Democracia; y Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria, que se espera sea limitada por tratarse de una primaria voluntaria, no ha impedido que se aplique la normativa que obliga al cierre de aquellos comercios que operan bajo una misma razón social o personalidad jurídica, como los malls, stripcenters, caracoles y galerías.
La reacción del gremio ha sido categórica. A través de una carta enviada a La Tercera, los principales representantes del sector expresaron su desacuerdo con esta medida, a la que califican como una norma “anacrónica” y “discriminatoria”. El documento fue firmado por José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Andrés Bogolasky, presidente de la Asociación Gremial Marcas del Retail; y Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales.
En la misiva, los líderes gremiales argumentan que la actual legislación que regula el cierre de locales comerciales durante elecciones perdió vigencia hace años. Señalan que esta normativa fue creada en 2004, en un contexto muy distinto al actual, cuando la inscripción en el padrón electoral era voluntaria y se buscaban incentivos adicionales para fomentar la participación ciudadana. Hoy, destacan, la realidad ha cambiado profundamente: la inscripción es automática, el voto es obligatorio y se han eliminado medidas como la ley seca.
A juicio de los firmantes, no existe una relación comprobada entre el cierre del comercio, de los locales comerciales y un aumento en la participación electoral. En su carta recuerdan que, en las elecciones de octubre pasado, se permitió el funcionamiento normal del comercio el día sábado previo a la votación, sin que ello afectara el cumplimiento cívico. Con base en esta experiencia, sostienen que es posible compatibilizar la jornada electoral con el normal desarrollo de las actividades económicas, tal como ocurre en numerosos países de la región y del mundo.
Uno de los puntos que más preocupa al sector es el impacto económico directo que representa esta medida. De acuerdo con estimaciones gremiales, un fin de semana representa cerca del 30% de las ventas semanales del comercio formal. En la última elección, cuando se aplicó el mismo cierre obligatorio de locales comerciales, se evidenció una caída del 45% en las ventas minoristas en comparación con un domingo normal, lo que se tradujo en pérdidas aproximadas de 90 millones de dólares a nivel nacional.
Este impacto se agrava en regiones, donde muchas pymes dependen en gran medida de la actividad comercial del fin de semana y funcionan al interior de centros y locales comerciales. Al suspenderse su operación, se afectan directamente los ingresos de miles de trabajadores, muchos de los cuales dependen de las comisiones por ventas para complementar su salario.
Desde la administración de los centros comerciales también se han pronunciado. CencoMalls informó que sus recintos permanecerán cerrados este domingo 29 de junio, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. A esta decisión se sumaron también otras cadenas como Parque Arauco y Mallplaza, que confirmaron el cierre de sus instalaciones.
La norma que rige esta situación está contenida en la Ley de Votaciones Populares, que permite el funcionamiento del comercio durante elecciones, pero establece una excepción para los establecimientos que operan bajo una misma razón social. Este detalle, que podría parecer técnico, tiene importantes consecuencias prácticas, ya que afecta a la mayoría de los grandes centros comerciales del país.
Para los gremios del comercio, la aplicación de esta regla en el contexto de una primaria voluntaria resulta especialmente injusta. A diferencia de una elección nacional, en este caso la participación será acotada a un segmento del electorado, lo que hace aún más difícil justificar la suspensión de una actividad económica que involucra a miles de trabajadores y genera un volumen importante de ingresos, particularmente durante una temporada alta como el receso invernal.
La Cámara de Centros Comerciales calcula que más de 300 establecimientos se verán obligados a cerrar en todo el país, siendo Coyhaique la única capital regional que no cuenta con este tipo de infraestructura. Esta cifra da cuenta de la magnitud del impacto y explica por qué los gremios han elevado su voz con tanta fuerza.
Para sustentar sus argumentos, las organizaciones elaboraron un estudio en conjunto, cuyo objetivo fue dimensionar los efectos reales de la normativa. La encuesta, aplicada a 1.113 locales y 12.504 trabajadores (sin considerar tiendas por departamento), reveló que el 75% de las ventas de los encuestados se realizan en recintos administrados bajo una misma razón social. Esta cifra se eleva al 85% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
El estudio también reveló que el 97% de los locales cerraron en elecciones anteriores, y que el 81% de ellos se vio afectado de manera directa por esta medida. Al evaluar el impacto económico, el 74% calificó como “alto” el perjuicio sufrido durante la última elección, reportando una baja mensual promedio del 9,7% en sus ventas. Más de la mitad de los encuestados indicó caídas de entre un 5% y un 10% en sus ingresos.
Estas cifras llevaron a Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, a declarar que lo que está en juego no es solo una jornada de ventas, sino un principio. “Esta discriminación resulta inaceptable”, señaló. “Los centros comerciales son lugares de encuentro, no solo puntos de venta. Son espacios donde las familias se reúnen, donde se generan empleos, y que cumplen una función social y económica muy relevante”.
Castillo también destacó que el cierre de este domingo afecta injustificadamente a un sector clave en un momento en que la actividad económica podría verse favorecida por factores como las vacaciones escolares y el aumento de turistas atraídos por la temporada de nieve.
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En la misma línea se manifestó Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail, quien señaló que la normativa vigente termina castigando al sector más regulado del comercio chileno. Afirmó que hoy existen mecanismos para garantizar tanto el derecho al sufragio como el derecho al trabajo, sin que uno excluya al otro.
Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, recalcó que el país ha evolucionado desde que se aprobó esta ley hace más de 20 años. Según explicó, mantener esta restricción no tiene sentido en un contexto donde la ciudadanía ha demostrado un alto grado de responsabilidad cívica y donde el voto es obligatorio. A su juicio, resulta perjudicial conservar una medida que no genera beneficios comprobados en la participación electoral, pero que sí provoca un daño real y cuantificable a la economía.
Lo que para muchos podría parecer solo un día sin malls abiertos, representa para el sector comercio un nuevo llamado a revisar las reglas del juego. Una revisión que, según los gremios, ya no puede seguir esperando.
