Competencia desleal es el concepto que ha ganado fuerza en el debate público a raíz de la expansión de los llamados «malls chinos» en Chile. En los últimos años, estos centros comerciales, reconocidos por sus precios bajos y su rápida proliferación en distintas ciudades del país, han generado creciente preocupación entre gremios empresariales y autoridades. Diversas denuncias apuntan a que estos establecimientos estarían incurriendo en prácticas que distorsionan el mercado, afectando gravemente a los pequeños y medianos comercios nacionales.
Desde la Multigremial Nacional, se ha alzado la voz con fuerza, solicitando formalmente a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una investigación sobre estas prácticas, que estarían vulnerando la ley y generando un escenario desigual en el mercado.
Malls chinos: posible competencia desleal
La presencia de malls chinos en Chile ha crecido a un ritmo vertiginoso. A lo largo del país, estos espacios comerciales han aparecido, particularmente en zonas urbanas de alto flujo, ofreciendo desde ropa y artículos del hogar hasta productos tecnológicos y alimentos. Su modelo de negocios se basa, muchas veces, en importar productos directamente desde China, reduciendo considerablemente los costos frente a otros comercios locales.
Sin embargo, junto con su expansión, han surgido múltiples denuncias que apuntan a irregularidades frecuentes. Entre las más recurrentes se encuentran la no emisión de boletas, productos sin etiquetado adecuado, falta de permisos sanitarios, y la contratación informal de trabajadores.
“Miles de pequeños comercios han cerrado”
El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, expresó públicamente su inquietud por la situación, subrayando que la proliferación de malls chinos ha tenido un impacto devastador en el comercio tradicional.
“Hoy tenemos miles de pequeños comercios que han tenido que cerrar, producto de las malas prácticas de los malls chinos. No dar boletas, no cumplir con la normativa de etiquetado, no contar con contratos laborales: todas estas son situaciones que desequilibran el mercado”, señaló.
Swett hizo un llamado urgente a las autoridades, especialmente a la Fiscalía Nacional Económica, para que tomen cartas en el asunto y evalúen si este fenómeno constituye un caso de competencia desleal sistemática.
Fiscalizaciones revelan faltas graves
Las fiscalizaciones realizadas por diversos organismos estatales han evidenciado una serie de incumplimientos. Durante el mes de mayo, por ejemplo, en la Región Metropolitana se llevaron a cabo operativos que resultaron en el cierre de varios locales pertenecientes a estos centros comerciales. Las razones de clausura fueron variadas, pero todas apuntan a serias irregularidades:
- Uso indebido de patentes comerciales.
- Incumplimientos de normas sanitarias.
- Falta de condiciones de higiene y seguridad.
- Presunta participación en redes de trata de personas.
- Estos operativos reflejan una problemática profunda que no se limita a simples errores administrativos, sino que tocan aspectos críticos como la seguridad pública y la salud.
Investigaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre competencia desleal
El Servicio de Impuestos Internos (SII) también ha iniciado una investigación independiente para determinar el alcance de las irregularidades fiscales en este tipo de establecimientos. Hasta la fecha, el SII ha identificado 950 malls chinos, y ha fiscalizado una parte significativa de ellos.
De los locales fiscalizados, el 29% fue sancionado por no emitir documentos tributarios. Además, se detectaron otros problemas:
- Comercios funcionando sin patente municipal o con trámites inconclusos.
- Sucursales sin registrar ante el SII.
- Emisión de boletas con RUT incorrecto o ilegible.
En cuanto al tamaño de estas empresas, se determinó que muchas operan bajo estructuras societarias simples: aproximadamente el 50% tiene solo dos socios registrados. A pesar de su aparente informalidad, los malls chinos generaron cerca de $89 mil millones en ingresos durante 2024, lo que representó un 0,63% del total recaudado por el sector comercio.
Opiniones de expertos y gremios
La preocupación por el impacto de estos comercios también ha sido compartida por académicos y expertos en economía y regulación. Pablo Barberis, docente de Unegocios en la Universidad de Chile, aclaró que el problema no es el origen de los empresarios, sino el cumplimiento de la legislación chilena:
“No necesariamente todos cumplen con la legislación nacional. Y eso incluye temas laborales, sanitarios, tributarios y de etiquetado. No se trata de atacar a una comunidad, sino de hacer valer la ley”, enfatizó Barberis.
En esa misma línea, William Díaz, economista y socio director en Capital Reputacional, explicó que la evasión de impuestos, especialmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tiene un impacto directo en la economía nacional y en la competencia justa.
Carlos Smith, del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que las fiscalizaciones y sanciones deben continuar intensificándose hasta lograr una regularización del sector.
Desde el mundo gremial, Sergio Morales, coordinador de comercio ilícito de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), recalcó que no se busca estigmatizar a una comunidad específica, sino velar porque todos los actores económicos operen bajo las mismas reglas.
La importancia del cumplimiento normativo
Uno de los aspectos más sensibles de esta problemática es el impacto en la confianza de los consumidores. Al no contar con boletas, productos certificados ni etiquetado adecuado, se limita seriamente el derecho de los compradores a reclamar, cambiar productos o acceder a garantías.
Por otro lado, la informalidad laboral detectada en muchos de estos centros comerciales representa un riesgo tanto para los trabajadores como para el sistema de seguridad social del país, al no existir cotizaciones previsionales ni cobertura de salud.
El seremi Metropolitano de Salud, Gonzalo Soto, instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y a utilizar los canales de denuncia oficiales. Subrayó la importancia de contar con una ciudadanía informada y participativa para facilitar las tareas de fiscalización.
¿Competencia o abuso del sistema?
Lo que está en el centro del debate no es solo la legalidad de las operaciones de los malls chinos, sino su efecto en el tejido económico local. Mientras los comerciantes chilenos deben cumplir con normativas estrictas y asumir altos costos operativos, muchos de estos centros operan al margen de la legalidad, obteniendo ventajas injustas.
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Las pequeñas y medianas empresas, en especial en sectores como vestuario, calzado y artículos para el hogar, han reportado una fuerte disminución de ventas, cierre de locales y despidos como resultado de esta competencia desleall.
Propuestas de solución
Para resolver esta situación, se han planteado diversas iniciativas que van desde el fortalecimiento de las fiscalizaciones hasta la creación de políticas públicas que fomenten la formalización del comercio. Algunas de las propuestas más destacadas son:
- Coordinación interinstitucional entre SII, Sernac, municipios y Ministerio del Trabajo para inspeccionar en conjunto estos espacios comerciales.
- Campañas de educación tributaria y legal dirigidas a emprendedores de origen extranjero para fomentar el cumplimiento normativo.
- Incentivos para la formalización, como facilidades para regularizar patentes, acceder a capacitaciones y simplificar trámites.
- Participación ciudadana, incentivando a los consumidores a exigir boletas, denunciar irregularidades y preferir comercios que cumplan con la ley.
La expansión de los malls chinos en Chile ha desatado una polémica que va más allá de los precios bajos o el origen de los productos. El debate gira en torno a la equidad en el comercio, el cumplimiento de la ley y la protección del comercio tradicional, que constituye una parte vital de la economía nacional y no incurrir en la competencia desleal.
Frente a este desafío, tanto las autoridades como los gremios y la ciudadanía tienen un rol clave. La solución no pasa por cerrar estos centros comerciales, sino por integrarlos adecuadamente al sistema regulatorio chileno, garantizando que todos los actores del mercado compitan en condiciones justas.
