Nueva normativa del SII: polémica y confusión legal
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha generado controversia con su Resolución N° 12, la cual obliga a los comercios a emitir y entregar boletas impresas en todas sus transacciones presenciales. La medida ha sido cuestionada por su impacto en pequeños negocios y su legalidad, lo que ha llevado incluso a acciones judiciales.
¿Qué establece la Resolución N° 12 del SII?
Desde el 1 de mayo, los comercios deben entregar la boleta impresa en cada compra, ya sea con tarjeta, efectivo o transferencia. Para aquellos que no cuentan con impresoras, se permite enviar el comprobante por medios digitales como correo electrónico, SMS o códigos QR.
El SII argumenta que la medida busca mejorar la fiscalización y asegurar el pago del IVA, permitiendo que los contribuyentes cuenten con un respaldo físico de sus transacciones.
Reacciones y críticas del sector
Las opiniones sobre esta resolución están divididas:
A favor: La Cámara Nacional de Comercio (CNC) considera que desincentiva la evasión del IVA y aporta mayor transparencia.
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En contra: Expertos y empresas tecnológicas, como Transbank y Mercado Pago, argumentan que la normativa impone costos innecesarios a pequeños negocios, podría generar obsolescencia de más de 600 mil dispositivos miniPOS y contradice la tendencia hacia la digitalización.
Acciones legales y respuestas del SII
Dada la controversia, Transbank presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando que la resolución es «ilegal y arbitraria», y que podría generar pérdidas millonarias.
Frente a esto, el SII ha aclarado que la medida no obliga a cambiar máquinas POS, sino que establece la impresión de boletas solo en los comercios que ya cuenten con impresoras. Además, el organismo reconoció que hubo una «confusión» en la interpretación inicial de la normativa.
Impacto y futuro de la normativa
A pesar de las aclaraciones del SII, el debate sigue abierto. Mientras algunos consideran que la medida refuerza el control tributario, otros creen que es un retroceso en la digitalización y afecta a los pequeños negocios.
Queda por verse si el SII modificará la normativa o si se mantendrá firme ante las críticas y los recursos judiciales presentados.
