La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema rechazar el recurso de reclamación presentado por Cadena Comercial Andina SpA (CCA) -matriz de Oxxo en Chile, ligada a la mexicana Femsa- contra la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que acogió el requerimiento del organismo por la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market en 2021.
El fallo del TDLC condenó a CCA a pagar una multa a beneficio fiscal de 2.898 Unidades Tributarias Anuales -equivalente a más de $ 2.400 millones-, al considerar que la compañía infringió el artículo que sanciona a quien notifica una operación de concentración entregando información falsa.
En el alegato realizado ayer lunes ante la Tercera Sala del máximo tribunal, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, sostuvo que la decisión del TDLC establece que entregar información fidedigna, completa y oportuna es un elemento esencial para el análisis de operaciones de concentración, dado que la Fiscalía debe revisar estas transacciones en plazos muy acotados.
Los antecedentes omitidos
Según expuso Santelices ante la Corte, Oxxo aseveró a la Fiscalía que solo tenía en su poder 40 antecedentes de aquellos exigidos por la ley, en circunstancias que poseía, al menos, 60 documentos adicionales. El abogado precisó que la infracción se configuró cuando la empresa notificó la operación afirmando que cumplía con la legislación, pese a haber omitido la entrega de la totalidad de la información requerida.
El representante de la FNE agregó que la conducta no solo supuso una infracción legal, sino que obligó al organismo a invertir mayores recursos públicos durante la investigación para indagar la información que Oxxo no aportó pese a tenerla en su poder, con efectos nocivos en los plazos con que cuenta la Fiscalía para analizar este tipo de operaciones.
Santelices destacó que los 60 documentos detectados que no fueron aportados por CCA habrían permitido tramitar la investigación de modo más eficiente y en menor tiempo, ya que se referían a aspectos sensibles de la caracterización del mercado. Al no ser entregados, la información que contenían debió ser replicada a través de diligencias investigativas.
La sentencia del TDLC consigna que «para lograr un pronunciamiento fundado de la FNE en el menor tiempo posible, es fundamental que la notificación de los interesados sea realizada con la mayor completitud», y añade que la decisión sobre una operación de concentración «no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida».
El origen del caso
La FNE presentó el requerimiento en diciembre de 2022, tras una investigación iniciada en julio de ese mismo año. La acción contenía originalmente una segunda acusación contra CCA, luego de detectarse que la empresa incumplió una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Ok Market, al no renunciar —en los plazos acordados— a cláusulas de exclusividad pactadas en una serie de contratos de arrendamiento de locales.
Respecto de esa acusación, la FNE alcanzó una conciliación con CCA en julio de 2023, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $ 380 millones a beneficio fiscal.
Lo que dice Oxxo
En una declaración pública, la empresa de capitales aztecas sostuvo que Oxxo Chile «actuó de buena fe, con transparencia y en permanente colaboración con la Fiscalía Nacional Económica».
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Insistió en que «en ningún momento se entregó información falsa ni se ocultaron deliberadamente antecedentes, y que nuestra actuación nunca tuvo por objeto entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento» y afirmó que «los antecedentes cuestionados no alteraron la evaluación sustantiva de la operación». En esa línea, la cadena reiteró que «estos antecedentes no modificaron el análisis ni el resultado de la operación de concentración entre Oxxo Chile y OK Market, por lo que no existió afectación a la libre competencia ni a los consumidores».
Y concluyó que «respetaremos la decisión que adopte la Corte Suprema. Confiamos en que el máximo tribunal ponderará los argumentos y antecedentes expuestos, lo que contribuirá al desarrollo de una jurisprudencia clara, proporcionada y predecible en esta materia».
