En un hecho que ha generado amplio impacto en el comercio capitalino, la Dirección del Trabajo (DT) de Chile clausuró recientemente el Lida Center, considerado hasta ahora el mall chino más grande del país. Ubicado en la estratégica intersección de Avenida Providencia con Ricardo Lyon —donde funcionaba anteriormente una tienda Falabella—, este centro comercial operaba desde octubre con una amplia gama de productos de origen asiático. Sin embargo, tras una fiscalización sorpresa, se descubrieron múltiples irregularidades laborales que obligaron a la autoridad a suspender completamente sus funciones.
Este operativo no solo revela una situación puntual, sino que también expone una problemática más amplia: las deficiencias estructurales en las condiciones laborales dentro de centros de comercio informal o semi-formal en Santiago. La clausura del Lida Center se suma a una serie de cierres similares en otras comunas como Ñuñoa, y podría marcar el inicio de una fiscalización más sistemática a este tipo de establecimientos.
Un operativo decisivo
La clausura fue resultado de una fiscalización liderada por funcionarios de la DT, quienes contaron con apoyo del OS7 de Carabineros, especializado en el combate al crimen organizado. Durante la inspección, se detectaron condiciones laborales «gravemente deficientes», incluyendo la ausencia de normas mínimas de higiene y seguridad, irregularidades contractuales y, de forma especialmente grave, indicios de posibles casos de trata de personas con fines laborales.
En un comunicado oficial, la Dirección del Trabajo informó: “Con la suspensión de funciones culminó el operativo de trata de personas en el mall chino Lida Center. Se detectaron graves infracciones en materias de higiene y seguridad”.
La trata de personas es una infracción especialmente compleja, pues además de constituir un delito penal, representa una violación grave a los derechos humanos. Este aspecto del operativo pone de relieve una dimensión crítica: la vulnerabilidad de ciertos trabajadores, en su mayoría migrantes, que podrían estar siendo explotados bajo condiciones ilegales o coercitivas.
¿Qué es el Lida Center?
El Lida Center fue inaugurado en octubre del año anterior, y rápidamente se posicionó como un polo de comercio popular. El recinto albergaba decenas de tiendas que ofrecían productos importados desde China, Corea del Sur, y otros países del continente asiático. Su oferta incluía electrónica, ropa, artículos para el hogar, juguetes y cosmética, con precios generalmente más bajos que los del comercio tradicional.
Este modelo de negocio se ha vuelto cada vez más común en Chile, particularmente en sectores de alta afluencia de público como Estación Central, Santiago Centro y Providencia. Muchos de estos centros funcionan bajo un esquema de arriendo de espacios a pequeños comerciantes —algunos de ellos independientes, otros asociados a importadores mayores—, lo que a veces dificulta la fiscalización y el control administrativo.
La clausura del Lida Center ha levantado una preocupación sobre el funcionamiento interno de estos malls y las condiciones en que trabajan sus empleados. En muchos casos, se ha reportado la existencia de:
- Jornadas laborales extensas sin el debido registro ni remuneración de horas extra.
- Falta de contratos laborales formales.
- Condiciones insalubres o riesgosas para la salud de los trabajadores.
- Ambientes laborales donde no se respetan los derechos básicos establecidos por la legislación chilena.
Además, al operar como una suma de múltiples tiendas menores, estos recintos dificultan el seguimiento y la responsabilidad directa. A menudo, no existe un empleador claramente definido, lo que complica el ejercicio de fiscalización por parte de la DT y de otras instituciones.
Uno de los aspectos más delicados detectados en el operativo es la presunción de trata de personas. Aunque la DT no ha entregado mayores detalles, la sola mención del término implica la existencia de indicios de que algunos trabajadores podrían estar ejerciendo funciones bajo coerción o engaño, posiblemente en condiciones que rozan la esclavitud moderna.
Este delito está tipificado en el Código Penal chileno y conlleva penas de presidio mayor. También activa protocolos internacionales, ya que Chile es signatario de convenios de la OIT y tratados multilaterales sobre derechos humanos y combate a la explotación.
Más clausuras
La clausura del Lida Center no es un hecho aislado. En Ñuñoa, la Municipalidad también ordenó el cierre de otros dos centros comerciales de características similares: el Super Lida y Kassa, ambos ubicados en el sector de Irarrázaval. En estos casos, las irregularidades estaban relacionadas principalmente con el vencimiento de patentes provisorias que llevaban años sin ser regularizadas.
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó en declaraciones públicas: “Hace dos años que se había vencido ese plazo y seguían pagando como si fueran patente provisoria (…). Estaban burlando la ley”.
Esta situación demuestra una práctica extendida de evasión o incumplimiento normativo por parte de los responsables de estos malls, quienes aprovechan vacíos legales o una fiscalización laxa para operar sin las autorizaciones correspondientes.
Vacíos regulatorios y fiscalización insuficiente
Uno de los elementos que complica el control de este tipo de establecimientos es la multiplicidad de actores involucrados. Muchos de los malls de origen asiático operan en régimen de arriendo compartido, lo que diluye la responsabilidad legal. Esto les permite mantenerse en la ambigüedad administrativa, donde pueden esquivar normas de seguridad, tributación y, por supuesto, laborales.
Además, la fiscalización es limitada en recursos. La DT, al igual que otras instituciones del Estado, no siempre cuenta con el personal suficiente para realizar controles masivos o frecuentes. Esto deja espacio para que ciertos comercios continúen operando fuera de la legalidad por meses o incluso años.
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La Dirección del Trabajo no ha dado a conocer públicamente más detalles sobre las acciones futuras, pero fuentes cercanas indican que se están preparando nuevos operativos, no solo en la Región Metropolitana, sino también en otras regiones del país donde existen malls similares.
La clausura del Lida Center podría ser solo el principio de un cambio más amplio en la fiscalización del comercio informal de gran escala. Se espera que este caso sirva como precedente para reforzar controles y establecer nuevas normativas que regulen de manera más estricta estos espacios.
La noticia del cierre ha generado diversas reacciones. Mientras que algunos vecinos de Providencia celebraron la medida, argumentando que el mall generaba un alto flujo peatonal y condiciones de inseguridad, otros clientes frecuentes lamentaron el cierre, ya que encontraban en el Lida Center productos accesibles y a bajo costo.
Por su parte, el comercio formal ha recibido con buenos ojos la fiscalización. Gremios como la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) han advertido por años sobre la competencia desleal que suponen estos centros comerciales que no cumplen con las exigencias legales y tributarias del país.
El caso del Lida Center pone en evidencia una situación que va más allá de un solo centro comercial. Se trata de un fenómeno extendido que involucra comercio informal, precarización laboral y falta de regulación efectiva. A medida que estos malls han proliferado por la capital y otras ciudades, también han crecido los riesgos asociados a su funcionamiento sin los debidos controles.
Si bien es positivo que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto, también es urgente que se articulen medidas permanentes para prevenir que estas situaciones se repitan. Esto incluye fortalecer la fiscalización, endurecer sanciones, simplificar los procesos de denuncia para los trabajadores y establecer canales efectivos de regularización para los pequeños comerciantes que deseen operar dentro del marco legal.
