Los «achaques».- El sector automotor en Chile enfrenta una serie de desafíos que han generado una creciente preocupación entre sus autoridades y representantes. Según Sebastián de Cárcer y Diego Mendoza, presidente y secretario general -respectivamente- de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), la incertidumbre en torno a las normativas que rigen la industria ha alcanzado niveles sin precedentes. Los cambios constantes en las regulaciones han dificultado la posibilidad de implementar medidas que promuevan una movilidad sostenible, que era uno de los objetivos esperados.
Los «achaques» del parque automotor
Entre los principales obstáculos mencionados por la ANAC se encuentran la ley de eficiencia energética, la ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), el ingreso indiscriminado de vehículos usados, la falta de incentivos para la electromovilidad y la reciente regulación de la ley Patente Cero. Estos factores han complicando la renovación del parque automotor chileno, que sigue siendo envejecido y contaminante. De Cárcer enfatizó que un vehículo de 20 años emite el equivalente a 60 autos nuevos, lo que subraya la necesidad urgente de modernizar el parque vehicular.
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La ley de eficiencia energética está destinada a asegurar que los vehículos cumplan con ciertos estándares de emisiones, pero ANAC critica la forma en que se ha implementado. Argumentan que las multas por no cumplir con la normativa podrían desincentivar a los propietarios de automóviles más viejos a renovarlos, lo que contradice el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.
Por otro lado, la ley REP demanda que los productores se hagan responsables de reciclar sus productos, pero la ANAC señala que su implementación ha sido deficientemente regulada. Esto ha generado un entorno propenso al mercado negro y a la informalidad, además de que las metas de recolección de neumáticos están fijadas de manera irreal, lo que podría llevar a multas constantes para la industria.
La reciente ley Patente Cero, que obliga a los vehículos nuevos a transitar con patente definitiva, también ha traído complicaciones, especialmente para camiones y buses. ANAC sugiere que la normativa no contempla adecuadamente la realidad del transporte pesado, que requiere ajustes y certificaciones que pueden tardar considerablemente, lo que pone a las empresas en desventaja.
En términos de electromovilidad, los líderes del sector expresan su escepticismo frente a la meta de cero emisiones para 2035, indicando que sin incentivos adecuados la meta es irrealizable. A pesar de haber sostenido conversaciones con el Estado, la ANAC denuncia la falta de acciones concretas para promover la transición hacia vehículos más sostenibles, a diferencia de lo que han hecho otros países.
La preocupación se extiende también al creciente ingreso de vehículos usados, que en los últimos tres años ha superado las 116,000 unidades, con un promedio de antigüedad de diez años. Muchos de estos autos han sido modificados de manera artesanal, lo que incrementa los riesgos de seguridad y medioambientales. Esta situación ha convertido a Chile en un pasadizo para la importación de vehículos peligrosos en la región.
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Finalmente, tanto Mendoza como de Cárcer resaltan que las autoridades deben establecer un marco regulatorio más estable y efectivo para cuidar el ambiente y la seguridad de la población. La falta de control sobre la desarmaduría en el norte de Chile es otro punto crítico que subrayan, advirtiendo que las condiciones actuales están lejos de ser aceptables tanto para la industria automotriz como para el bienestar de los ciudadanos.
