La Ley 21.553, conocida como la Ley Uber, tiene como objetivo regular el mercado de aplicaciones de transporte de pasajeros en Chile. La legislación busca garantizar una mayor seguridad para los usuarios y establecer condiciones laborales más justas para los conductores que operan en plataformas como Uber, Didi y Cabify. Esta ley entrará en vigor en febrero de 2024 y ha suscitado diversas reacciones en el sector.
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La implementación de esta normativa ha causado controversia, especialmente entre las plataformas de transporte, que consideran que las restricciones impuestas son excesivas. Las empresas han manifestado su intención de presentar un recurso ante la Contraloría General de la República en reacción a los nuevos requerimientos y a la falta de consideración de sus propuestas durante el proceso de elaboración del reglamento.
Ley Uber: así es la nueva regulación
A pesar de las negociaciones con el Ministerio de Transportes, las plataformas han expresado su descontento con el resultado final del reglamento. Señalan que las nuevas limitaciones impactarán negativamente su operativa y afectarán su capacidad de ofrecer servicios de transporte de manera eficiente.
La ley establece requisitos específicos para los conductores que desean trabajar en estas plataformas. Uno de los requisitos más destacados es la obtención de una Licencia Profesional Clase A2, que certifica que los conductores han recibido formación adecuada y cumplen con los estándares de competencia necesarios para el transporte de pasajeros.
Además, se exige que los conductores no tengan antecedentes penales relevantes, y deben estar inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. También deberán completar cursos de capacitación obligatorios, que abordan temas de seguridad vial, atención al cliente y la normativa vigente en el transporte.
En cuanto a los vehículos que operarán bajo estas plataformas, la ley establece varios estándares de calidad y seguridad. Por ejemplo, se requiere que la cilindrada mínima de los vehículos sea de 1.4 litros, y durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, solo se podrán inscribir vehículos con una antigüedad máxima de siete años. Esto busca garantizar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas para los pasajeros.
Además, se estipula que los vehículos deben contar con seguros obligatorios que cubran los riesgos para el conductor, el pasajero y terceros. También se requiere que los automóviles se sometan a revisiones técnicas cada seis meses para verificar su cumplimiento con los estándares de seguridad y funcionamiento.
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Finalmente, la Ley Uber establece derechos y obligaciones para las empresas de aplicaciones de transporte. Las plataformas tienen la libertad de fijar sus tarifas sin intervención del Estado y pueden elegir operar de manera independiente o asociarse con otras empresas. Asimismo, tendrán acceso a información pública relevante que les permitirá adaptarse a las regulaciones locales y mejorar sus servicios.
