La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó «en forma pura y simple», la operación de concentración consistente en la adquisición de Skechers U.S.A. por parte de 3G Capital Partners, asociado al mayor inversor mundial, Warren Buffett, transacción que involucra aproximadamente US$ 9.400 millones.
Según la FNE, con la operación «no se generan traslapes horizontales ni relaciones verticales adicionales» entre Skechers y 3G Capital y su grupo empresarial, «debido a que estas no realizan ni proyectan realizar actividades económicas en el mismo mercado relevante, ni en mercados relevantes verticalmente relacionados».
«Esta Fiscalía concluyó, en virtud de los antecedentes recabados en la Investigación, y considerando que las Compradoras no participan en la industria del calzado, diseño, desarrollo y comercialización de zapatos, ropa y accesorios relacionados, que la Operación no implica un aumento en la concentración de mercado en las actividades que involucran a los agentes económicos y activos objeto de la Operación», señaló la FNE.
«Por todo lo anterior, esta Fiscalía ha llegado a la convicción que la Operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia», concluyó.
El acuerdo considera que los accionistas de Skechers podrán vender su participación por US$ 63 por acción, lo que representa una prima cercana al 30% sobre el precio de cierre previo al anuncio. Como alternativa, se ofrece recibir US$ 57 en efectivo y una participación en una nueva sociedad privada que controlará el grupo.
Pese a la envergadura de la operación, la estructura ejecutiva de Skechers se mantendría sin mayores cambios: su fundador, Robert Greenberg, continuará como CEO, y su hijo, Michael Greenberg, como presidente. La sede de la compañía seguirá ubicada en California.
Frente judicial en EEUU
Sin embargo, el anuncio de la transacción abrió un flanco judicial en Estados Unidos. Un accionista minoritario de Skechers presentó una demanda ante un tribunal federal en Los Ángeles, para así obtener más detalles sobre la compra, alegando que la decisión del fundador y accionista controlador genera «señales de alerta».
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El escrito señala que Robert Greenberg, quien controla cerca del 60% de los votos, habría conducido un proceso cerrado, sin licitación ni posibilidad de que otros actores compitieran por la adquisición.
Según el demandante, la venta fue dirigida exclusivamente hacia 3G Capital, evitando una subasta abierta debido a los “vínculos existentes” entre ambas partes.
Además, la demanda solicita que la empresa no concrete la operación hasta que se entregue toda la información pertinente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), con el objetivo de que los accionistas puedan evaluar si los términos ofrecidos son realmente equitativos.
