En los últimos trece años, el gasto en medicamentos en Chile ha experimentado un crecimiento sostenido que no pasa inadvertido. Entre 2011 y 2024, el desembolso real en fármacos aumentó un 80%, una cifra que por sí sola revela la magnitud del fenómeno. Sin embargo, al analizarlo como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la proporción se ha mantenido estable en torno al 1%.
Esta aparente estabilidad, lejos de reflejar un equilibrio, oculta una verdad incómoda: el peso económico de los medicamentos recae, en gran medida, directamente sobre los hogares.
Este hecho se hace aún más evidente cuando se observa que el gasto de bolsillo en salud alcanza en Chile un 29,7%, muy por encima del promedio de los países de la OCDE. De esa proporción, cerca de un 30% corresponde específicamente a la compra de medicamentos, un gasto que, en muchos casos, resulta ineludible y recurrente, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas.
El impacto en los hogares: más allá de los números
La realidad del gasto en medicamentos no se traduce únicamente en cifras macroeconómicas; tiene un efecto directo en la vida cotidiana de las familias. Los fármacos de uso prolongado para tratar afecciones cardiovasculares, neurológicas, digestivas o metabólicas representan un costo sostenido en el tiempo.
En Chile, muchas familias deben destinar una parte significativa de sus ingresos mensuales a la compra de medicamentos, sacrificando otros gastos básicos como alimentación, educación o vivienda. En este contexto, el precio de los fármacos no solo condiciona el bienestar financiero de los hogares, sino que también limita la capacidad de miles de personas para recuperar o mantener su salud.
Lo preocupante es que, pese a la relevancia de este problema, el sistema de salud chileno carece de un mecanismo eficiente que redistribuya los costos y alivie la carga directa sobre los pacientes.
¿Existe disposición ciudadana para un cambio?
Los estudios realizados por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (ISP-UNAB) entregan una señal clara: la ciudadanía no solo reconoce el problema, sino que está dispuesta a aportar a la solución. Más del 50% de los encuestados —y en algunos casos hasta un 70%— declaró que contrataría un seguro de medicamentos, incluso si esto implicara un aumento en la cotización obligatoria de salud.
Este hallazgo derriba uno de los argumentos más frecuentes en el debate público: que los chilenos no aceptarían un incremento en sus aportes. La disposición está presente; lo que falta es voluntad política para articular un esquema de financiamiento sostenible que redistribuya recursos y permita implementar soluciones de manera efectiva.
Escenarios posibles para cubrir el gasto en medicamentos
El análisis del ISP-UNAB exploró tres alternativas de cobertura que muestran que financiar un acceso más equitativo a los medicamentos no solo es necesario, sino también posible:
- Cobertura total (100%) del gasto en medicamentos: requeriría un desembolso anual de 1.828 millones de dólares. En términos de cotización obligatoria, esto significaría un ajuste moderado, con un alza hasta 8,45% en isapres y 8,16% en Fonasa.
- Cobertura parcial (80%) similar al régimen GES: demandaría 1.086 millones de dólares al año. Esta opción permitiría un alivio significativo en el gasto de bolsillo, sin llegar al máximo nivel de cobertura.
- Cobertura del 56%, equivalente al promedio de la OCDE: implicaría un gasto de 195 millones de dólares anuales, un punto de partida más acotado, pero que acercaría a Chile al estándar internacional.
Cada uno de estos escenarios demuestra que existen márgenes de acción y que el financiamiento de medicamentos podría convertirse en una política pública alcanzable si se redistribuyen de manera adecuada los recursos disponibles.
Recursos disponibles: el dilema de la eficiencia
Uno de los principales argumentos en contra de estas propuestas suele ser el supuesto alto costo que tendría para el Estado. Sin embargo, el propio análisis del ISP-UNAB revela que los recursos sí existen, aunque actualmente se destinan de forma ineficiente.
Un ejemplo claro es el sobreuso y fraude en licencias médicas, cuya corrección podría liberar más de 1.000 millones de dólares anuales. Con esa sola medida sería posible financiar la cobertura total del gasto en medicamentos.
Asimismo, la baja productividad en el sistema público de salud, que representa pérdidas cercanas al 4% anual, constituye otro espacio relevante de mejora. Si se implementaran reformas para optimizar la gestión y reducir las ineficiencias, el país dispondría de recursos adicionales para fortalecer la cobertura de medicamentos y mejorar el acceso para toda la población.
Una inequidad que profundiza la brecha social
La falta de políticas robustas en torno a los medicamentos perpetúa una inequidad estructural en el sistema de salud chileno. Mientras en países desarrollados los seguros de salud cubren gran parte de estos gastos, en Chile son los pacientes y sus familias quienes deben absorber la carga económica.
Este escenario genera un círculo vicioso: quienes no pueden costear tratamientos adecuados ven deteriorada su salud, lo que a su vez puede implicar mayores costos futuros para el sistema en hospitalizaciones, intervenciones o cuidados prolongados.
En la práctica, la ausencia de una solución en este ámbito se traduce en vidas afectadas, oportunidades perdidas y una sociedad que reproduce desigualdades en lugar de corregirlas.
Actualmente, en el Congreso se discute una ley que podría abrir la puerta a nuevas formas de financiamiento para la salud. Incorporar la cobertura de medicamentos en dicha legislación sería un paso decisivo para reducir el gasto de bolsillo y avanzar hacia un sistema más equitativo.
El debate, sin embargo, no debe centrarse en si Chile puede costear esta medida, porque los estudios muestran que sí es posible. La pregunta central es cuándo se decidirá priorizar el acceso a medicamentos como un derecho y no como un privilegio condicionado por la capacidad de pago.
Una decisión impostergable
El gasto en medicamentos en Chile no es un tema técnico aislado, sino un asunto que impacta directamente en la vida de millones de personas. La evidencia muestra que existen los recursos, la disposición ciudadana y los modelos de financiamiento posibles para implementar un cambio sustancial.
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Seguir postergando esta decisión significa mantener una inequidad que afecta la calidad de vida de quienes más necesitan apoyo. Por el contrario, avanzar en una cobertura más justa de medicamentos representaría un paso concreto hacia un sistema de salud más inclusivo y sostenible.
La discusión ya no puede seguir girando en torno a si es factible, sino a cómo y cuándo se implementará la solución. En este ámbito, Chile enfrenta un desafío que es también una oportunidad histórica: convertir el acceso a medicamentos en un derecho garantizado para todos sus habitantes.
