Los contratos multifuncionales se han convertido en el centro de las controversias entre empresas y sindicatos en la industria del retail, especialmente en supermercados. Con la transformación digital y la automatización creciente, muchas compañías han optado por modificar su modelo laboral, reemplazando los roles unifuncionales, como los cajeros, por contratos que permiten a un empleado desempeñar diversas tareas.
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Este nuevo modelo, conocido como «operador de tienda», ha suscitado una fuerte oposición por parte de los trabajadores, quienes consideran que este tipo de contrato no les proporciona la seguridad laboral necesaria.
Contratos multifuncionales en la polémica
La Dirección del Trabajo (DT) ha respaldado las preocupaciones de los empleados, indicando que los contratos de operador de tienda en ciertas empresas no cumplen con la legalidad vigente. La DT ha subrayado que la naturaleza variada de las labores en estos contratos impide que los trabajadores cuenten con certezas mínimas sobre sus funciones, lo que resulta en la violación de los principios laborales establecidos.
Un caso relevante ha sido el de Rendic Hermanos, vinculada a SMU, la matriz de Unimarc, que llevó a la DT a los tribunales en contra de dos oficios que declararon que los contratos de operador de tienda en Unimarc no se ajustaban a derecho, debido a la falta de certeza laboral. La empresa argumentó que estos oficios perjudicaban sus operaciones y no estaban fundamentados en la realidad de los contratos.
La DT expuso que los contratos deben detallar la naturaleza de los servicios y el lugar de trabajo, permitiendo que se especifiquen múltiples funciones. Sin embargo, en el caso de Unimarc, las labores que abarca el rol de operador de tienda son tan diversas que no se puede garantizar la existencia de funciones específicas para los trabajadores. Esta variedad va desde atención al cliente hasta labores en el área de bodega.
Rendic Hermanos argumentó en su demanda que las conclusiones de la DT eran arbitrarias y que este organismo no tiene autoridad para interpretar contratos laborales o resolver disputas. Acusó a la DT de violar sus derechos constitucionales y de haber causado daños económicos significativos a la empresa debido a las multas impuestas en el contexto de fiscalizaciones.
Entre 2022 y 2024, Unimarc ha acumulado 370 multas por un total de más de $1.334 millones, lo que refleja el impacto financiero que las decisiones de la DT han tenido sobre la operación de la empresa. Las multas han ido aumentando cada año, lo que ha contribuido a intensificar la disputa legal.
La DT respondió a la demanda, afirmando que la empresa había malinterpretado los hechos y que su actuar estaba dentro de sus competencias como organismo fiscalizador. Aclaró que sus dictámenes no implican un cambio de doctrina y se basan en precedentes ya establecidos en la legislación laboral.
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Por su parte, SMU se abstuvo de comentar sobre el litigio, aunque el director del Trabajo, Pablo Zenteno, reafirmó la postura histórica del organismo en defensa de los derechos laborales. Además, no es un caso aislado; Walmart Chile también enfrenta disputas legales en torno a contratos multifuncionales, indicando que la controversia en esta práctica laboral está lejos de resolverse.
