Hace algunos días que han comenzado a regir las nuevas exigencias de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley PUSU) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestó su preocupación ante la eventual aplicación de obligaciones cuyas especificaciones claves para un buen cumplimiento no están listas, debido a que aún no hay un reglamento vigente que las precise.
Desde el 13 de febrero, los supermercados y establecimientos de expendio de alimentos deben tener implementadas una serie de medidas contenidas en la normativa, entre las que se cuentan la obligación de que los supermercados exhiban al menos 30% de bebidas en botellas retornables en sus vitrinas, la prohibición de entregar productos de un solo uso para consumo dentro del local salvo que sean biodegradables certificados, y la limitación de desechables fuera del local sólo si son no plásticos valorizables o de plástico certificado y “a pedido” del consumidor.
Sin embargo, la CCS alerta que hoy no existe un reglamento con parámetros operativos claros sobre aspectos esenciales como la definición de “vitrina”, el cálculo del porcentaje o los criterios de fiscalización. A juicio del gremio, esta ausencia de reglas claras -fundamentales para el buen funcionamiento de la normativa- abre espacio a interpretaciones disímiles y fiscalizaciones contradictorias, afectando la operación diaria del comercio y la certeza jurídica necesaria para cumplir adecuadamente la norma.
“La sostenibilidad es un objetivo compartido y el comercio ha cumplido progresivamente con las obligaciones que establece la ley, cuyo espíritu compartimos a cabalidad. Pero para implementar adecuadamente una norma que impacta directamente en la operación diaria de supermercados y otros establecimientos, se requieren reglas claras y criterios uniformes”, señaló la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.
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Ante esta situación, la CCS solicitó formalmente pronunciamientos tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio de Medio Ambiente para contar con una interpretación oficial que otorgue claridad a los actores regulados.
“La correcta implementación de una política ambiental exige certeza normativa. Sin reglas claras, se pone en riesgo no solo la operación del comercio, sino también el objetivo de promover un cambio cultural efectivo en materia de gestión de residuos”, concluyó la titular del gremio.
