El conflicto legal que surgió tras el cierre definitivo de la cadena de retail Multitiendas Corona no deja de crecer. El próximo 21 de agosto, el Juzgado de Letras de Arica iniciará la primera de las casi 100 audiencias que se han programado en todo el país. Estas audiencias buscan resolver las múltiples demandas laborales interpuestas por exejecutivos, exjefes de tienda y otros trabajadores en contra de Corona, la familia Schupper y las sociedades asociadas a esta histórica empresa del retail chileno.
El cierre de operaciones en julio marcó el fin de más de seis décadas de funcionamiento de Corona, lo que generó un importante impacto en su planta laboral. Desde entonces, el proceso judicial ha tomado fuerza en distintas regiones, extendiéndose en los tribunales desde agosto hasta octubre.
Exigen pagos pendientes por más de 10 millones de dólares
La defensa de los exempleados está encabezada por el abogado Matías Berríos Fuchslocher, socio del estudio Berríos & Palavecino I Pinochet. Él representa a 95 demandantes, entre los que se incluyen exgerentes de alta jerarquía, jefes de tienda y personal administrativo, cubriendo así más del 90% de la antigua administración de la multitienda.
Según Berríos, las exigencias económicas de los trabajadores alcanzan un monto aproximado de US$ 10 millones. El abogado sostiene que las distintas sociedades del grupo económico deben responder de forma solidaria, ya que todas operaban como una unidad económica.
No solo Corona: se amplía el alcance a más empresas del grupo
Las demandas presentadas no apuntan únicamente a Multitiendas Corona. También involucran de manera directa a la familia Schupper —Herman, Paulina y Malú Schupper Messcher— y a una serie de sociedades relacionadas que, según el equipo legal de los demandantes, forman parte de una estructura empresarial común.
Entre las sociedades ya incluidas en las acciones legales figuran:
- Multitiendas Corona
- Inmobiliaria Alef
- Inmobiliaria e Inversiones Don Leonardo Ltda.
- Corona Corredora de Seguros Ltda.
- Inversiones Corona
- Bodega Corona
- Schupper
- Normalizadora de Créditos del Comercio
- Sociedad de Créditos Comerciales
El abogado Matías Berríos indicó además que se incorporarán otras empresas que, a su juicio, integran esta “unidad económica”. Estas son:
- Informáticos para el Comercio, Ranking, Publicidad y Servicios
- Evaluadora de Créditos Lesel
- Inmobiliaria y Bodegaje Arturo Prat 431
- Transportes Beth Servicios
El objetivo es que estas firmas también asuman responsabilidades solidarias en las indemnizaciones y otras obligaciones laborales pendientes.
Uno de los puntos clave en la argumentación de la defensa de los trabajadores es que muchos de los ejecutivos de Corona trabajaron simultáneamente para más de siete sociedades del grupo, sin recibir remuneración adicional por ello. Este hecho, aseguran, refuerza la figura de la unidad económica, ya que todas las funciones y decisiones empresariales se centralizaban, aunque se distribuyeran entre distintas razones sociales.
Por esta razón, también se están exigiendo pagos retroactivos de sueldos impagos y remuneraciones por funciones múltiples no compensadas en su momento.
Más allá de las demandas laborales, los exgerentes y exjefes no descartan iniciar una arista penal contra los responsables de la administración del grupo, argumentando posibles infracciones a la Ley de Delitos Concursales.
Según explicó el abogado Berríos Fuchslocher, esta normativa tipifica delitos cuando se afecta patrimonialmente a los acreedores mediante maniobras fraudulentas, tales como:
- Disminución dolosa de activos
- Aumento fraudulento de pasivos
Si estas situaciones se comprueban, podrían derivarse en sanciones penales adicionales para los responsables, sumando así una nueva dimensión al proceso.
La postura de la defensa de Corona: niegan irregularidades
En respuesta a las múltiples acusaciones, el abogado Nelson Contador, socio del estudio Nelson Contador Abogados & Consultores, quien representa a Corona en este proceso, descartó cualquier tipo de delito y defendió la actuación de los accionistas y administradores.
“No existe ningún antecedente que indique maniobras fraudulentas. Al contrario, la empresa está muy ordenada. Nadie ha distraído activos, y los accionistas, incluso, son los principales acreedores, debido a fondos que se les adeudan”, sostuvo Contador.
El abogado defensor también argumentó que los directivos de Corona tomaron todas las precauciones para cumplir con los compromisos laborales. En particular, enfatizó que:
- Se mantuvieron al día las remuneraciones y cotizaciones previsionales
- Se provisionaron fondos para realizar el pago íntegro de finiquitos, tarea que quedará a cargo del liquidador designado
Contador destacó que esto representa una situación excepcional, ya que en la mayoría de los procesos de liquidación o quiebra no suele haber recursos suficientes para cubrir estos pagos.
Además, criticó la actitud de algunos abogados de los demandantes, señalando que «muchas veces se exageran posiciones para captar asesorías laborales», desestimando así las acusaciones de dolo o administración fraudulenta.
¿Qué es una “unidad económica” y por qué es clave en este caso?
El concepto de “unidad económica” es una figura legal que permite extender la responsabilidad laboral a múltiples empresas cuando estas operan de manera interrelacionada.
De acuerdo con el abogado Nicolás Barrios, del estudio Barrios & Giachino, para que un tribunal declare que existe un empleador único, deben cumplirse ciertos requisitos, tales como:
- Dirección laboral común: centralización de decisiones sobre contratación, sueldos, ascensos y despidos
- Controlador común: que las distintas empresas estén bajo el mismo grupo o familia
- Complementariedad de giros: que las empresas tengan actividades que se apoyan mutuamente (por ejemplo, inmobiliarias que arriendan espacios a la tienda principal)
En este caso, los trabajadores buscan que se reconozca la existencia de esta unidad para que todas las empresas del grupo —y eventualmente los propios Schupper— respondan solidariamente por los montos reclamados.
El cierre de Multitiendas Corona ha detonado uno de los procesos judiciales laborales más significativos de los últimos años en Chile. Con casi 100 audiencias agendadas y demandas que superan los US$ 10 millones, el caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre la responsabilidad de los grupos económicos ante sus trabajadores.
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Por una parte, los demandantes argumentan que trabajaron bajo una estructura integrada y sin remuneración justa. Por otra, la defensa asegura que no hubo fraude, que la empresa cumplió con sus obligaciones y que incluso dejó los recursos necesarios para pagar finiquitos.
La decisión que adopten los tribunales respecto a la existencia de una unidad económica y la posible acción penal marcará un importante precedente legal, tanto para el mundo empresarial como para los derechos laborales en Chile.
