En un paso decisivo para fortalecer la integridad de su sistema legal y cumplir con los estándares internacionales, el Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció el inicio de un proceso masivo de depuración que resultará en la disolución de aproximadamente 290,000 sociedades anónimas inactivas.
Esta medida, que comenzará formalmente el 27 de febrero de 2026, tiene como objetivo principal sanear el Registro Público y mejorar la reputación internacional del país, facilitando su salida definitiva de las «listas negras» y grises de organismos como la OCDE y el GAFI.
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Panamá disuelve 290,000 sociedades anónimas inactivas
La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, explicó que la iniciativa busca eliminar estructuras jurídicas que han permanecido sin actividad ni cumplimiento de obligaciones durante años, lo que representaba un riesgo para la transparencia fiscal. El plan se ejecutará en dos etapas críticas:
- Fase 1 (Febrero 2026): Se iniciará con un bloque de 180,883 sociedades que presentan morosidad en el pago de la tasa única por más de 10 años (algunas con deudas de hasta 20 años).
- Fase 2: Se procederá con el resto de las personas jurídicas que mantienen estatus suspendido en el Registro Público por falta de agente residente o por incumplimiento en el registro de beneficiarios finales.
Cooperación Interinstitucional
Para garantizar la eficacia de esta medida, se ha conformado una Mesa de Trabajo Interinstitucional integrada por el MEF, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF). Esta colaboración asegura que la base de datos de personas jurídicas sea confiable, actualizada y cumpla con la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.
«Esta depuración contribuirá significativamente a la integridad de nuestro sistema legal y fiscal. Es una señal clara al mundo de que Panamá no tolera el uso indebido de sus estructuras jurídicas», afirmó la viceministra Sáiz.
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El Gobierno ha habilitado un listado público en el sitio web del Registro Público para que los agentes residentes y propietarios puedan verificar el estatus de sus sociedades. Aquellas entidades que no regularicen su situación antes de la fecha límite serán disueltas de oficio, eliminando así una «deuda falsa» en la Dirección General de Ingresos (DGI) y fortaleciendo la capacidad de supervisión del Estado.
Con esta acción, Panamá reafirma su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, proyectándose como un centro financiero seguro y transparente para la inversión extranjera.
Fuente: Centroamerica 360
