El sector turístico de Centroamérica experimenta una transformación profunda impulsada por la digitalización de los servicios de hospedaje. Sin embargo, este crecimiento acelerado también ha abierto frentes de tensión económica y regulatoria. En Honduras, la industria hotelera formal ha alzado la voz de manera contundente para exigir al gobierno y a las autoridades tributarias la regularización formal de las plataformas de alquiler vacacional, destacando a Airbnb, con el propósito fundamental de garantizar una competencia justa, frenar la evasión fiscal y asegurar que todos los actores de la industria contribuyan al erario público mediante el pago equitativo de impuestos.
Para las asociaciones de hoteles y operadores turísticos tradicionales, la discrepancia en las reglas del juego actual resulta insostenible. Mientras que los establecimientos establecidos formalmente cumplen con estrictas normativas de seguridad, pago de licencias comerciales, inspecciones sanitarias y la retención de tributos como el Impuesto Sobre la Ventas (ISV), una proporción considerable de los alojamientos particulares ofrecidos en aplicaciones digitales opera en un vacío fiscal, lo que reduce los márgenes de ganancia de la hotelería establecida y limita la recaudación fiscal del Estado.
Competencia Desleal y la Presión sobre el Mercado Inmobiliario
El reclamo del sector hotelero hondureño no se limita únicamente al cobro de impuestos, sino que abarca problemáticas estructurales que afectan directamente el desarrollo urbano y la economía de las principales ciudades y zonas turísticas del país, tales como Roatán, Copán Ruinas y Tegucigalpa.
Desigualdad en Costos Operativos: Los hoteles tradicionales enfrentan altos costos fijos en mantenimiento, salarios formales, normativas ecológicas y permisos de operación municipal, obligaciones que rara vez recaen sobre los anfitriones informales de plataformas digitales.
Distorsión del Mercado de Vivienda: La proliferación de condominios y casas adquiridas exclusivamente para destinarlas al alquiler vacacional a corto plazo ha incrementado el costo de la vivienda y la renta a largo plazo para los residentes locales, desplazando a las familias de las zonas urbanas céntricas.
Ausencia de Estándares de Seguridad: A diferencia de la hotelería regulada, que debe certificar sistemas contra incendios y protocolos estrictos de protección civil, muchos alojamientos informales operan sin supervisiones técnicas que garanticen la integridad de los huéspedes.
La Propuesta del Sector: Formalización, Fiscalización y Recaudación
La postura de los empresarios hoteleros no busca la prohibición de las aplicaciones de economía colaborativa, sino la implementación de un marco normativo moderno, transparente y efectivo. Los líderes del sector sugieren replicar modelos aplicados exitosamente en otras naciones de América Latina, donde las plataformas tecnológicas actúan como agentes retenedores de impuestos, cobrando de manera automática los gravámenes correspondientes al momento en que el consumidor realiza la transacción digital.
Establecer un padrón oficial de anfitriones y obligar a las plataformas a compartir datos fiscales con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o la administración tributaria correspondiente permitiría nivelar el terreno de juego comercial. Con estos recursos adicionales, el Estado hondureño podría fortalecer los fondos destinados a la promoción internacional del país y al mejoramiento de la infraestructura turística general.
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El llamado de los hoteleros en Honduras para regular a Airbnb pone sobre la mesa un debate ineludible para las economías de la región centroamericana: la urgente necesidad de adaptar las leyes fiscales a la realidad de la era digital. Lograr un equilibrio donde la innovación tecnológica y la economía colaborativa coexistan armónicamente con la hotelería tradicional es indispensable para garantizar un desarrollo turístico ordenado, competitivo y justo para todos los sectores involucrados en la economía hondureña.
