El Gobierno de China ha instruido a sus empresas estatales a suspender cualquier negociación para nuevos proyectos o inversiones en Panamá. Esta medida surge como una represalia directa ante la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia panameña de declarar inconstitucional el contrato de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del gigante de Hong Kong CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
La suspensión afecta iniciativas potenciales valoradas en miles de millones de dólares. Pekín busca ejercer presión económica para que el gobierno panameño revierta o compense el impacto de la anulación del contrato portuario.
Además de congelar proyectos de infraestructura, las autoridades aduaneras chinas han intensificado las inspecciones de productos agrícolas panameños (como el café y el banano). Asimismo, se ha sugerido a las navieras chinas buscar rutas alternativas que no utilicen los puertos panameños, siempre que no represente un costo excesivo.
El presidente José Raúl Mulino ha respondido con firmeza a las advertencias de Pekín, asegurando que Panamá es un país soberano y digno que «no se dejará intimidar por ningún Estado». Mulino subrayó que la decisión de la Corte es un acto de justicia independiente y que el país no cederá ante amenazas externas.
Esta tensión ocurre en un momento en que Panamá ha tomado distancia de iniciativas como la «Ruta de la Seda» y ha reforzado su alianza estratégica con los Estados Unidos, país que ha expresado su respaldo a la decisión judicial sobre los puertos.
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La situación marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, poniendo en pausa el crecimiento de la presencia económica china en el istmo.
Fuente: Revistaeyn.com
