Ministerio de Trabajo demanda a BYD por explotación laboral y trata de personas en sus obras, en un contundente acto de defensa de los derechos laborales y la dignidad humana, el Ministerio de Trabajo de Brasil (MPT) ha escalado las acciones legales contra la gigante automotriz china Build Your Dreams (BYD) y dos de sus empresas contratistas, China JinJiang Construction Brasil y Tonghe Intelligent Equipment de Brasil (actualmente operando bajo el nombre de Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil). La demanda civil pública presentada por el MPT imputa a estas empresas graves acusaciones de someter a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud y de incurrir en trata internacional de personas, un delito que atenta directamente contra los principios fundamentales de la justicia y la libertad.
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Este caso de explotación laboral salió a la luz tras una denuncia anónima que condujo a una intervención del MPT en diciembre de 2024. En dicha operación, las autoridades brasileñas rescataron a un total de 220 trabajadores de nacionalidad china que se encontraban laborando en las obras de una fábrica de BYD ubicada en Camaçari, en el estado de Bahía. La investigación reveló que estos trabajadores estaban siendo sometidos a condiciones de trabajo que vulneraban los derechos humanos más elementales y que eran comparables a la esclavitud moderna.
Las pesquisas del Ministerio de Trabajo de Brasil arrojaron luz sobre una serie de prácticas laborales abusivas y degradantes a las que eran sometidos los trabajadores chinos. Se descubrió que estos ingresaron a territorio brasileño de manera irregular, utilizando visas de trabajo para servicios especializados que no se correspondían en absoluto con las tareas manuales y extenuantes que realmente desempeñaban en la construcción de la fábrica de BYD. Estos trabajadores se enfrentaban a jornadas laborales inhumanas, caracterizadas por una duración excesiva y la sistemática negación de su derecho al descanso semanal. Además, se constató la presencia de vigilancia armada constante en los lugares de trabajo y en los alojamientos, la retención ilegal de sus pasaportes por parte de los empleadores y la retención de hasta el 70% de sus salarios como una forma de garantía coercitiva en caso de que los trabajadores decidieran rescindir anticipadamente sus contratos laborales, una práctica que los mantenía en una situación de vulnerabilidad extrema y dependencia económica.
Las condiciones de vida a las que estaban confinados estos trabajadores rescatados eran igualmente deplorables e insalubres. Los investigadores del MPT documentaron alojamientos superpoblados, donde los trabajadores eran hacinados sin las mínimas condiciones de comodidad e higiene. En algunos casos, se constató la existencia de un único baño para dar servicio a hasta 31 personas, lo que generaba graves problemas de salubridad. Además, se encontraron camas sin colchones y situaciones en las que la comida de los trabajadores se encontraba mezclada con materiales de construcción, evidenciando la falta de respeto y las condiciones indignas en las que vivían. Los entornos de trabajo también fueron calificados como inseguros, lo que había provocado diversos accidentes laborales, incluyendo casos de amputaciones de extremidades, lo que subraya la negligencia de las empresas responsables en la protección de la integridad física de sus trabajadores.
Ante la gravedad de estos hallazgos, el Ministerio de Trabajo de Brasil ha presentado una demanda civil pública en la que solicita una indemnización de 257 millones de reales brasileños (aproximadamente 45 millones de dólares estadounidenses) por concepto de daños morales colectivos, una sanción económica que busca resarcir el daño causado a la sociedad brasileña por estas prácticas laborales abusivas. Además, la demanda exige el pago de multas individuales equivalentes a 21 salarios contractuales por cada uno de los trabajadores afectados, así como una compensación adicional por cada día que los trabajadores soportaron estas condiciones de explotación.
Tras la revelación de este escándalo, BYD emitió un comunicado en el que anunciaba la rescisión de su contrato con el Grupo Jinjiang, una de las empresas contratistas involucradas. La automotriz china declaró que no tolera ningún tipo de violación a la legislación brasileña ni a la dignidad humana y afirmó su disposición a cooperar plenamente con las investigaciones del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, a pesar de esta declaración y su colaboración con las autoridades, BYD ha enfrentado críticas adicionales por parte de los sindicatos brasileños en relación con los bajos salarios que se pagan en su fábrica, lo que sugiere que los problemas laborales podrían extenderse más allá de las condiciones de los trabajadores subcontratados.
En un comunicado oficial, la Fiscalía del Trabajo de Brasil enfatizó que “todos” los trabajadores rescatados habían ingresado al país de forma “irregular”, utilizando visas de trabajo “para servicios especializados que no se correspondían con las actividades que desarrollaban en la obra”. Esta irregularidad en la situación migratoria de los trabajadores los colocaba en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la explotación laboral. Además, la Fiscalía confirmó que a los trabajadores se les retuvieron sus pasaportes y que fueron sometidos a una vigilancia constante por personas “armadas” para asegurar que cumplieran con las extenuantes jornadas laborales impuestas, sin disfrutar de su derecho al descanso semanal. También se les obligó a “pagar una fianza” como condición para su contratación y se les retuvo hasta el 70% de sus salarios en caso de que intentaran rescindir sus contratos antes de lo estipulado.
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La Fiscalía también detalló las condiciones inhumanas en las que vivían los trabajadores, quienes fueron “hacinados en alojamientos sin las mínimas condiciones de comodidad e higiene”, describiendo situaciones como un único baño disponible para hasta 31 personas, camas sin colchones y la contaminación de sus alimentos con materiales de construcción presentes en los precarios alojamientos. La demanda del Ministerio Público Federal de Brasil también se extiende formalmente a las empresas constructoras China JinJiang Construction Brazil y Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil (ahora Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil), señalando su responsabilidad directa en estas graves violaciones laborales, dado que prestaban servicios exclusivos para BYD en el país. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de una supervisión rigurosa de las condiciones laborales en proyectos de gran escala y la importancia de proteger los derechos de los trabajadores migrantes, quienes a menudo se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la explotación.
