Iberoamérica falta a la hora de regular la Inteligencia Artificial, menos del 14 % tiene leyes específicas, en un momento en que la inteligencia artificial (IA) se integra cada vez más en empresas, gobiernos y servicios públicos alrededor del mundo, Iberoamérica muestra un panorama sorprendentemente rezagado en cuanto a regulación específica de esta tecnología. Un reciente informe de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) sobre el estado de situación del desarrollo y adopción de la IA en la región revela que menos del 14 % de los países iberoamericanos dispone de legislación específica sobre IA, un dato que refleja una brecha importante entre el avance tecnológico y el marco jurídico necesario para gobernarlo.
Esta deficiencia no solo es numérica, sino estructural: la mayoría de los países analizados cuenta con leyes sobre privacidad o protección de datos, pero no con normas diseñadas expresamente para abordar los riesgos, responsabilidades, ética y estándares de uso de sistemas de IA.
Vea también: Brasil lidera el nuevo Mercosur
Desigual avance regional en marcos normativos
El informe de la Segib, elaborado con base en datos de 22 países de Iberoamérica, describe una situación profundamente desigual. Algunos países avanzan con regulaciones más completas e institucionalizadas, mientras que otros apenas comienzan a vislumbrar políticas formales para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
Países como Brasil, Chile y España son destacados como referentes regionales en IA debido a que han desarrollado marcos normativos e institucionales más robustos y coherentes. En contraste, México, Venezuela, Guatemala y República Dominicana se encuentran en una etapa aún temprana del desarrollo de marcos legislativos específicos sobre IA.
Este diagnóstico pone de manifiesto que, aunque algunas naciones cuentan con estrategias públicas relacionadas con innovación digital, muy pocas han logrado transformarlas en regulaciones claras y vigentes que gobiernen el diseño, uso y consecuencias de sistemas de IA en la vida real.
Políticas públicas versus regulación específica
Parte de la brecha señalada en el estudio se debe a que, si bien alrededor del 45 % de los países iberoamericanos ha implementado políticas públicas orientadas al desarrollo y uso de IA, estos esfuerzos no siempre se traducen en leyes específicas que aborden temas clave como transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad civil o auditoría de algoritmos.
Es decir, existe una “desconexión” entre las intenciones estratégicas como impulsar la innovación, la digitalización y el uso de tecnologías emergentes y el andamiaje jurídico que permita garantizar que estos avances se den con estándares claros de seguridad, ética y legalidad.
Un ejemplo concreto de esta carencia es la ausencia generalizada de mecanismos que obliguen a auditar y evaluar algoritmos de IA. Sin normas que exijan revisión periódica, las plataformas y los desarrolladores quedan con poca responsabilidad jurídica ante posibles daños o efectos no deseados resultantes del uso de sistemas automatizados.
Marcos normativos más allá de la IA: lo que sí existe
Aunque pocos países cuentan con leyes específicas de IA, la mayoría sí posee normativas relacionadas con la privacidad de datos y la protección de información personal, que son elementos fundamentales en cualquier marco de gobernanza de IA. Esta base es un punto de partida pero no sustituye la necesidad de reglas claras sobre el propio uso de la inteligencia artificial.
Adicionalmente, en algunos países se están desarrollando políticas públicas e iniciativas que conectan a actores públicos y privados. Por ejemplo, en España, Portugal y México existen ecosistemas algo más amplios de participación de sectores gubernamentales y privados en agendas relacionadas con IA y transformación digital, aunque todavía sin una regulación autóctona estrictamente enfocado en IA.
Producción científica y ecosistema tecnológico: una región detrás
Otro hallazgo del informe es la baja producción científica en materia de IA en Iberoamérica en comparación con otras regiones del mundo. La investigación académica y el desarrollo tecnológico especializado son fundamentales para sostener marcos regulatorios sólidos, ya que proporcionan evidencia empírica y conocimiento técnico sobre cómo diseñar, auditar y escalar sistemas de IA.
La escasez de producción científica limita la capacidad de gobiernos y sociedades para comprender fenómenos complejos asociados con la IA como los sesgos algorítmicos, la ética de automatización, los impactos laborales o las implicancias sobre derechos fundamentales y por ende dificulta la creación de políticas públicas y leyes efectivas.
Recursos y capacidades estratégicas: potencial versus regulación
El informe de la Segib también analiza las capacidades hídricas, energéticas y de recursos naturales susceptibles de apoyar el desarrollo tecnológico, incluida la IA. En este sentido, países como Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Argentina se destacan por contar con recursos energéticos, minerales críticos y disponibilidad hídrica que podrían dotar de potencial estratégico al desarrollo de infraestructura tecnológica de vanguardia.
No obstante, recursos naturales o tecnológicos no necesariamente se traducen en mejores políticas públicas o en marcos normativos efectivos. Esto refuerza la idea de que la región no solo necesita capacidades físicas o técnicas, sino voluntad política y coordinación institucional para definir qué tipo de regulación IA se requiere y con qué objetivos.
Recomendaciones de política pública
Ante este panorama, la Segib propone varias recomendaciones fundamentales para corregir la brecha actual:
-
Decisión política de alto nivel que eleve la IA a una política regional estructural, integrándola en las estrategias de desarrollo de todos los países iberoamericanos.
-
Principio de soberanía digital, que subraye el control estratégico de los datos, especialmente en lenguas como el español y el portugués, asegurando que el valor de la IA se construya con relevancia cultural y lingüística regional.
-
Inventarios de infraestructura tecnológica y recursos naturales estratégicos, para planificar inversiones y capacidades a partir de realidades nacionales y regionales.
Estas recomendaciones buscan no solo fomentar un marco regulatorio específico, sino también una coordinación más profunda entre gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil, para que la IA no se implemente de manera desarticulada o desigual.
Vea también: Cripto en la tormenta, mercado, geopolítica y regulación en foco
Un llamado urgente en una era de IA global
La región latinoamericana e iberoamericana enfrenta un desafío compartido: equilibrar la adopción de tecnologías avanzadas con la construcción de marcos jurídicos que protejan derechos, incentiven innovación responsable y promuevan rendición de cuentas. Esta necesidad se hace aún más urgente a medida que economías de todo el mundo avanzan con propuestas legales cada vez más detalladas y exigentes sobre la gobernanza de IA.
Hasta ahora, los pasos han sido fragmentados y desiguales, lo que deja a la mayoría de los países iberoamericanos en una fase inicial o intermedia frente a un fenómeno que está redefiniendo la economía, el empleo, el derecho y la sociedad en general.
