Colombia frena el libre comercio automotriz con Brasil, la industria automotriz colombiana se encuentra en un momento de gran incertidumbre. Con el anuncio inminente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio) sobre el posible fin del Acuerdo de Complementación Económica N.º 72 (ACE72) entre Colombia y Brasil, el país podría estar dando un paso que, según expertos del sector, marcaría un retroceso en materia de competitividad, acceso a vehículos y renovación del parque automotor.
Este acuerdo, vigente desde hace más de dos décadas, permitió un intercambio comercial fluido y beneficioso para ambas naciones, especialmente en el sector automotor. La suspensión o terminación del ACE72 implicaría la imposición de nuevos aranceles a los vehículos provenientes de Brasil, lo que afectaría directamente los precios al consumidor, las ventas de los concesionarios y la renovación del parque automotor colombiano, ya de por sí envejecido.
El presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), Pedro Nel Quijano, fue enfático en señalar que esta decisión podría tener efectos negativos de largo plazo para el desarrollo del sector. Según él, el Gobierno estaría priorizando objetivos industriales que “no responden a la realidad del mercado”, sacrificando los beneficios que el libre comercio ha aportado a los consumidores y a la economía nacional.
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El ACE72: una alianza estratégica bajo amenaza
El Acuerdo de Complementación Económica N.º 72, suscrito entre Colombia y Brasil, ha sido una de las piezas clave del comercio bilateral entre ambos países. En particular, ha permitido la importación de automóviles, autopartes y vehículos de carga y pasajeros con aranceles preferenciales, fomentando una competencia sana y el acceso a productos de calidad.
Este acuerdo no solo facilitó la llegada de marcas brasileñas y multinacionales con plantas en Brasil como Fiat, Volkswagen, Chevrolet o Toyota, sino que también ayudó a mantener precios competitivos en el mercado colombiano.
Sin embargo, la decisión del Gobierno colombiano de poner fin al acuerdo cambiaría radicalmente el escenario. Los vehículos brasileños quedarían sujetos a aranceles plenos, lo que encarecería su importación y podría elevar los precios finales entre un 15% y un 35%, dependiendo del modelo y la categoría.
Esta medida, en palabras de Aconauto, no contribuye a la modernización del parque automotor, sino que “favorece a unos pocos actores industriales locales que no cuentan con la capacidad ni la infraestructura para suplir la demanda del mercado nacional”.
Un parque automotor envejecido y una deuda social
Colombia enfrenta uno de los índices de motorización más bajos de América Latina. Según cifras del sector, solo 120 de cada 1.000 habitantes poseen un automóvil, una cifra comparable con la de Venezuela, lo que refleja un acceso limitado a la movilidad privada.
Además, el parque automotor nacional tiene una edad promedio de 19 años, lo que implica altos niveles de contaminación, menor eficiencia energética y mayores costos de mantenimiento.
Pedro Nel Quijano señala que el problema no radica únicamente en la falta de incentivos para la compra de vehículos nuevos, sino en la “saña con que el Estado grava la importación y circulación de automotores”, a través de impuestos, tasas y aranceles excesivos.
“El Estado colombiano ha fallado en promover políticas públicas integrales que incentiven la renovación del parque automotor. En lugar de eliminar barreras y estimular la competencia, se siguen implementando medidas que restringen el acceso de los ciudadanos a vehículos más modernos, eficientes y seguros”, afirmó Quijano.
Los efectos del proteccionismo: menos competencia, más precios
Con el fin del ACE72, Brasil dejaría de ser un proveedor preferencial de vehículos para Colombia. Esta ruptura limitaría la oferta, afectando especialmente a los segmentos de vehículos pequeños, utilitarios y comerciales livianos, donde el país sudamericano tiene una participación relevante.
Para los consumidores colombianos, el impacto sería inmediato: un alza de precios que reduciría el poder adquisitivo y la posibilidad de renovar sus vehículos. Esto no solo afectaría al consumidor individual, sino también a las empresas de transporte, logística y servicios, que dependen de una flota moderna y eficiente para operar.
A nivel macroeconómico, el proteccionismo podría reducir la competencia, encarecer las importaciones, frenar la inversión extranjera directa y, paradójicamente, debilitar la industria automotriz nacional al reducir la presión por innovar.
Una política industrial sin horizonte
El argumento oficial detrás de la medida sería el impulso a la industria automotriz nacional. Sin embargo, Aconauto considera que esta meta, aunque legítima, no puede alcanzarse a costa del mercado y de los consumidores.
“Colombia nunca consolidó una industria automotriz sólida. La falta de continuidad en las políticas públicas, la escasa inversión en infraestructura productiva y la dependencia de las importaciones de autopartes han impedido que el país desarrolle una base industrial competitiva”, explica Quijano.
Revivir la industria sin una estrategia integral, sin incentivos a la innovación ni una red de proveedores nacionales fuerte, sería, según el dirigente gremial, “un delirio político más que una estrategia económica sostenible”.
Además, esta medida aislaría a Colombia de los flujos de comercio internacional, justo cuando el mundo avanza hacia esquemas de integración económica más profundos y flexibles.
Un llamado al libre comercio y la integración regional
Desde Aconauto, se insiste en que la solución no está en cerrar puertas, sino en abrir nuevos canales de cooperación comercial. El gremio propone que el Gobierno explore acuerdos bilaterales y multilaterales con países líderes en la producción automotriz, como Japón, Corea del Sur, Malasia o México, para diversificar las fuentes de importación y modernizar la oferta nacional.
“Bienvenida la inversión extranjera, pero no en detrimento de los mercados. Debemos atraer inversión que complemente nuestras capacidades, no que limite el acceso de los ciudadanos a productos de calidad”, señala Quijano.
Una política comercial más abierta permitiría que Colombia aproveche la transición global hacia la electromovilidad, atrayendo fabricantes de autos eléctricos y proveedores de tecnología verde, en lugar de encerrarse en una estrategia de sustitución de importaciones desfasada.
La urgencia de una política automotriz moderna
El debate sobre los aranceles no puede limitarse a una discusión de coyuntura. Colombia necesita una política automotriz moderna, integral y sostenible, que aborde tres frentes fundamentales:
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Renovación del parque automotor: Incentivar la compra de vehículos nuevos o eléctricos mediante subsidios, financiamiento preferencial y exenciones tributarias.
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Infraestructura e incentivos industriales: Crear condiciones atractivas para que fabricantes globales establezcan plantas ensambladoras o de autopartes con transferencia tecnológica.
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Integración regional: Profundizar acuerdos con otros países de América Latina y Asia para fortalecer la competitividad del sector.
Solo así el país podrá avanzar hacia un modelo de movilidad eficiente, inclusivo y ambientalmente responsable.
Impacto sobre la inversión y el empleo
El sector automotor en Colombia genera más de 25.000 empleos directos y 100.000 indirectos, incluyendo concesionarios, talleres, aseguradoras y empresas de servicios logísticos.
El incremento de los aranceles podría reducir las ventas de vehículos nuevos hasta en un 20% durante el primer año, lo que afectaría los ingresos de los concesionarios y pondría en riesgo miles de puestos de trabajo.
Además, el encarecimiento de los vehículos de carga y transporte tendría un efecto inflacionario indirecto, ya que aumentaría los costos logísticos para las empresas y, en consecuencia, los precios finales de los bienes de consumo.
Un panorama de incertidumbre
Si se confirma la salida del ACE72, Colombia enfrentará un panorama incierto. Mientras algunos sectores industriales podrían verse favorecidos a corto plazo, el impacto negativo sobre los consumidores, los concesionarios y el comercio binacional sería difícil de ignorar.
La medida también podría debilitar las relaciones comerciales con Brasil, uno de los principales socios económicos de Colombia en Sudamérica, abriendo un frente de tensiones en un momento en que la región necesita más cooperación y menos barreras.
En definitiva, el país se enfrenta a una encrucijada estratégica: optar por el proteccionismo y el aislamiento o apostar por la apertura, la innovación y la modernización.
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El camino hacia una movilidad competitiva y sostenible
El posible fin del ACE72 no es solo una decisión técnica o diplomática, sino una señal sobre el rumbo económico que Colombia quiere seguir.
El desafío consiste en equilibrar el impulso industrial con la necesidad de mantener mercados abiertos y accesibles, sin sacrificar la competitividad ni los derechos de los consumidores.
La renovación del parque automotor, la reducción de los costos de movilidad y la mejora de la calidad del aire en las ciudades no se lograrán mediante aranceles, sino con políticas públicas coherentes, incentivos a la innovación y una visión a largo plazo.
Si Colombia aspira a ser un actor relevante en la movilidad sostenible del futuro, deberá mirar más allá de sus fronteras y construir alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo, no la restricción.
