Brasil demanda a BYD por denuncias de condiciones laborales análogas a la esclavitud en construcción de fábrica, un grave escándalo ha sacudido el ámbito de la inversión extranjera en Brasil, con la presentación de una contundente demanda civil por parte del Ministerio Público de Trabajo (MPT) brasileño ante el Tribunal Laboral. La demanda tiene como objetivo al gigante automotriz chino BYD y a las empresas constructoras también chinas JinJiang y Tonghe, por presuntas condiciones de trabajo que rozan la esclavitud en las obras de construcción de la ambiciosa planta de vehículos eléctricos de BYD en Camaçari, un municipio costero ubicado en la región nordeste del país.
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La acción legal emprendida por el MPT es el resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo durante el año 2024. Dicha investigación culminó con el rescate de 220 trabajadores que se encontraban laborando en las obras de la fábrica bajo condiciones alarmantes. Según las pesquisas del MPT, estos trabajadores fueron traídos directamente desde China utilizando visas irregulares, supuestamente destinadas a “servicios especializados” que no se correspondían con las tareas reales que desempeñaban en la construcción. Además de esta irregularidad migratoria, se alega que a los trabajadores se les retenían sus pasaportes y se encontraban bajo una estricta vigilancia armada, lo que limitaba drásticamente su libertad de movimiento y su capacidad para abandonar las condiciones laborales impuestas.
Las acusaciones formuladas por el MPT contra BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, son de extrema gravedad. Entre ellas, se incluyen cargos por trata de personas, con la presunta utilización de promesas engañosas de salarios para atraer a los trabajadores desde su país de origen. Asimismo, se acusa a las empresas involucradas de fraude en la obtención de visas de trabajo, de una evasión sistemática y grave de derechos laborales fundamentales, de obligaciones fiscales y de contribuciones a la seguridad social brasileña. La demanda también señala una presunta obstrucción deliberada de las inspecciones laborales por parte de BYD, en una acción que el MPT describe como orquestada para ocultar las condiciones de trabajo irregulares.
Los testimonios recabados por el MPT pintan un panorama desolador de las condiciones de vida y laborales a las que estaban sometidos los trabajadores rescatados. Se alega que vivían en alojamientos precarios y superpoblados, con una proporción indignante de un baño para cada 31 personas. Las camas carecían de colchones adecuados, y la comida era almacenada en condiciones insalubres, junto a materiales de construcción. Además de estas carencias básicas, los trabajadores sufrían la retención de hasta el 70% de sus salarios en caso de intentar abandonar el contrato laboral, lo que los mantenía en una situación de vulnerabilidad extrema y dependencia económica.
Los testimonios recogidos por el MPT revelan restricciones severas a la libertad personal de los trabajadores. Se les prohibía salir de sus alojamientos, incluso durante sus días libres, y las puertas de los recintos eran cerradas con llave después de las cenas, impidiendo cualquier salida no autorizada. La única manera de abandonar el predio era mediante una autorización específica para comprar artículos de primera necesidad, lo que subraya el control casi total ejercido sobre sus vidas.
El MPT detalló que “todos” los trabajadores rescatados habían ingresado a Brasil “de forma irregular”, utilizando visas de trabajo destinadas a “servicios especializados que no correspondían a las actividades que desarrollaban en la obra”. Esta inconsistencia entre el tipo de visa otorgada y las tareas efectivamente realizadas refuerza las acusaciones de fraude y de utilización de la inmigración con fines de explotación laboral.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía ha solicitado al constructor chino el pago de una multa considerable, estimada en unos 40 millones de euros (equivalentes a 257 millones de reales brasileños), en concepto de daño moral colectivo causado a la sociedad brasileña por las presuntas prácticas laborales ilegales. Además, la demanda exige el pago de 21 jornadas de trabajo adicionales, más una jornada extra por cada día que los trabajadores permanecieron en esas condiciones de explotación. Se solicita también la indemnización por despido y una multa de 7.800 euros (50.000 reales brasileños) por cada ítem de la legislación laboral incumplido, multiplicado por el número total de trabajadores afectados.
El gobierno de Pekín, al ser consultado sobre estas graves denuncias, evitó pronunciarse directamente sobre el caso en un primer momento. Sin embargo, una portavoz del Ministerio de Exteriores chino subrayó que las empresas del país deben “operar de acuerdo con las leyes y regulaciones de los países donde desarrollan sus actividades”. La portavoz añadió que “el Gobierno concede gran importancia a la protección de los derechos de los trabajadores y exige a las empresas chinas que respeten las leyes allá donde operen”.
Tras la difusión de las primeras informaciones sobre las presuntas condiciones laborales irregulares, la empresa china BYD emitió un comunicado anunciando la rescisión de su contrato con el Grupo Jinjiang, una de las constructoras subcontratadas para la obra. En dicho comunicado, BYD afirmó que “no tolera faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana”, buscando desvincularse directamente de las prácticas denunciadas y reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral local.
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Este caso representa un serio revés para la imagen de Brasil como destino de inversión extranjera y plantea interrogantes sobre la supervisión de las condiciones laborales en proyectos de gran envergadura financiados por capital extranjero. La demanda del MPT subraya la importancia de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y la protección de los derechos de los trabajadores, incluso en el contexto de proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para la relación entre Brasil y las empresas extranjeras, especialmente las de origen chino, y sentará un precedente importante en materia de derechos laborales y responsabilidad empresarial.
