Suspensión de inscripciones de producción y comercio de cannabis en Argentina
Recientemente, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) de Argentina tomó una decisión que ha generado un revuelo en el ámbito del cannabis en el país: la suspensión por seis meses de la inscripción de criadores, que incluye categorías como criadero, vivero identificador y comercio expendedor. Esta medida, una de las primeras acciones del gobierno liderado por Javier Milei en relación al cannabis, también implica la auditoría de aquellos que ya cuentan con los permisos correspondientes. Si bien esta política no afecta los permisos de uso de más de 300 mil personas y unas 40 organizaciones registradas en el programa de cannabis (Reprocann), puede tener un impacto significativo en la producción, distribución y acceso a la planta.
La activista y abogada especializada en normativa de cannabis, Nadia Podsiadlo, brinda una perspectiva sobre esta medida y su contexto. Según Podsiadlo, si bien los controles y auditorías estaban contemplados en las resoluciones de cannabis de Argentina, no se estaban ejecutando adecuadamente debido a su reciente implementación. Esta falta de claridad en cuanto a los protocolos de transporte y la clasificación entre cannabis psicoactivo y cáñamo industrial ha llevado a la necesidad de ajustar los criterios de los criaderos, lo cual puede afectar a aquellos que han invertido tiempo y recursos en sus operaciones.
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Aunque Podsiadlo reconoce la importancia de las auditorías para garantizar el cumplimiento de la ley, no está de acuerdo con la suspensión de las inscripciones. Señala que cualquier desliz en el cumplimiento de la normativa puede tener graves implicaciones legales debido a la naturaleza prohibida del cannabis según la ley penal. Sin embargo, también destaca la vitalidad y resistencia del movimiento cannábico en Argentina, que abarca desde activistas hasta industrias y usuarios, y que sigue creciendo a pesar de los obstáculos.
En cuanto a la relación entre el movimiento cannábico y el gobierno, Podsiadlo señala que el gobierno actual no ha mostrado la misma disposición para dialogar con el movimiento como lo hizo el gobierno anterior. Subraya la necesidad de que todas las administraciones políticas reconozcan y consideren las necesidades y demandas del movimiento cannábico, que incluyen no solo el acceso seguro y legal al cannabis medicinal, sino también la regulación adecuada del cannabis recreativo y el reconocimiento de la diversidad de usos y costumbres en relación con la planta.
Una de las prioridades de Podsiadlo y otros profesionales del derecho en el campo del cannabis es la capacitación del Poder Judicial en la legislación relacionada con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Destaca el ejemplo de la Policía de Santa Fe, que decidió abstenerse de iniciar acciones legales contra aquellos registrados en el programa Reprocann, como una medida que podría ser replicada en otras provincias para garantizar un enfoque más justo y compasivo hacia los usuarios de cannabis.
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La suspensión de las inscripciones de producción y comercio de cannabis en Argentina ha desencadenado un debate sobre la regulación y el acceso a la planta en el país. Aunque las auditorías pueden ser necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, es fundamental que las políticas gubernamentales reflejen las necesidades y realidades del movimiento cannábico argentino, que continúa luchando por el reconocimiento y la inclusión en todos los niveles de la sociedad y el gobierno.
