Supermercadistas advierten sobre riesgos jurídicos ante posible derogación
En el debate por el desarrollo urbano y comercial de Rosario, una nueva controversia ha puesto en alerta a los supermercadistas locales. Un proyecto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Municipal busca derogar la ordenanza que regula la habilitación de grandes superficies comerciales en la ciudad, bajo la consigna de fomentar la “libre competencia”. Sin embargo, desde la Cámara de Supermercados de Rosario advierten que esta medida no generaría mayor competitividad, sino confusión y vacío normativo.
Una propuesta polémica y minoritaria
La iniciativa fue presentada por un bloque con representación marginal en el Concejo (dos bancas de un total de 28), pero su impacto potencial despertó preocupación en un sector que opera bajo una estructura regulatoria consolidada desde hace más de dos décadas. La propuesta plantea que Rosario debería simplemente adherirse a la ley provincial 12.069, eliminando la normativa local que hoy define los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para habilitar grandes superficies.
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Este cambio podría parecer meramente formal, pero desde el sector privado sostienen que implica riesgos significativos. Según los supermercadistas, desmantelar este marco jurídico no sólo sería innecesario, sino que podría abrir la puerta a conflictos administrativos, decisiones arbitrarias y disputas legales que complicarían aún más la gestión de nuevas inversiones en el rubro.
Normas que ordenan: la importancia del marco local
La actual ordenanza no es una simple adhesión a una ley provincial; establece los procedimientos concretos que el municipio debe seguir para aplicar dicha legislación. Así lo explicó Verónica Solmi, gerenta de la Cámara de Supermercados de Rosario, quien participó esta semana de una reunión clave en la Comisión de Producción del Concejo Municipal para expresar su rechazo a la propuesta.
“El proyecto parte de una premisa equivocada: que la norma local duplica lo que ya dice la ley provincial. Pero en realidad, lo que hace es establecer un marco de procedimiento técnico y administrativo que permite aplicar esa ley con claridad en Rosario”, afirmó Solmi. De eliminarse este protocolo, la ciudad quedaría sin herramientas normativas específicas para evaluar proyectos, controlar la factibilidad de las nuevas superficies, exigir planos y garantizar el cumplimiento de requisitos esenciales.
La consecuencia, según Solmi, no sería un mercado más abierto, sino un entorno jurídicamente incierto, donde tanto empresarios como funcionarios enfrentarían dificultades para tomar decisiones fundadas. “No se trata de un problema de competencia, sino de orden jurídico. La derogación no aporta mejoras, solo deja al municipio sin procedimiento”, enfatizó.
El argumento central del proyecto de La Libertad Avanza gira en torno a la idea de fomentar la “libre competencia” eliminando trabas burocráticas. No obstante, los representantes del supermercadismo local aseguran que ese diagnóstico no se corresponde con la realidad del sector. Según Solmi, “la competencia ya existe y es muy fuerte, especialmente para los supermercados regionales, que todos los días luchan para mantener precios, ofertas y abastecimiento”.
Este punto es fundamental: en Rosario no existe un monopolio ni barreras reales que impidan la entrada de nuevos actores. De hecho, la ciudad permite la apertura de supermercados de hasta 1.000 m² sin mayores restricciones. Además, según indican desde la cámara empresaria, hay locales disponibles para quienes quieran invertir, e incluso algunos en venta, lo que demuestra que el problema no es la falta de oportunidades, sino las condiciones económicas del país.
“El mercado no es virgen ni está en expansión. Tenemos una población estable y un sector comercial desarrollado. La idea de que hay trabas artificiales para impedir la inversión es un error”, señaló Solmi, quien pidió a los concejales que sean realistas respecto al contexto local.
Eliminar normas sin considerar sus consecuencias puede derivar en efectos no deseados. Si bien la ley provincial seguiría en vigor, su implementación concreta en Rosario quedaría en un limbo normativo, con efectos inciertos. “La reglamentación municipal no es un obstáculo, es una guía. Permite ordenar, planificar y dar certeza jurídica a todos los actores involucrados”, explicó la referente empresaria.
Además, la derogación dejaría a los funcionarios municipales sin un marco claro para evaluar proyectos, abriendo la puerta a interpretaciones dispares, decisiones inconsistentes o demoras administrativas. Esto podría desalentar nuevas inversiones, en lugar de atraerlas.
Lejos de representar un gesto liberalizador, la propuesta podría convertirse en un boomerang para quienes promueven el desarrollo económico. Sin reglas claras, los riesgos aumentan para todos: empresas, municipio y ciudadanos.
Libre competencia no es ausencia de reglas
Desde la Cámara de Supermercados insisten en que el sector no está en contra de la inversión ni de la competencia, sino a favor de reglas claras que permitan un desarrollo ordenado y equitativo. “La normativa vigente no impide competir. Lo que hace es ordenar. Es fundamental que el Concejo preserve ese marco si queremos mantener un equilibrio entre crecimiento comercial y calidad de vida urbana”, afirmó Solmi.
Esta posición revela una visión madura del rol de la regulación. La competencia no es incompatible con la planificación, y el desarrollo económico no requiere desregular sin control. En mercados complejos como el de los supermercados, donde las decisiones de inversión involucran millones de pesos y afectan a comunidades enteras, la previsibilidad es tan importante como la agilidad.
Un llamado al diálogo responsable
El sector supermercadista reconoce que los marcos normativos pueden revisarse y actualizarse, pero plantea que cualquier cambio debe surgir de un debate técnico y participativo, no de decisiones impulsadas por consignas ideológicas o mayorías circunstanciales. Por eso, piden al Concejo Municipal que escuche a todos los actores antes de avanzar con iniciativas que pueden generar más daño que beneficios.
En este sentido, la reunión en la Comisión de Producción fue un espacio valioso para abrir ese diálogo. Representantes del sector expresaron su posición de manera clara y fundamentada, esperando que sus argumentos sean considerados por los legisladores antes de votar.
Rosario es una ciudad con una historia consolidada de regulación comercial. Esa planificación permitió que el desarrollo de grandes superficies conviviera con el comercio barrial y con las necesidades urbanas. Cambiar esa lógica de un plumazo no parece el camino más adecuado, especialmente si no existen problemas concretos que justifiquen la urgencia de una reforma.
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La competencia es vital, pero también lo es la estabilidad normativa. Y en un contexto económico volátil como el actual, desarmar reglas que han funcionado durante décadas sin una alternativa clara puede generar más incertidumbre que progreso.
Por eso, desde el supermercadismo local llaman a proteger el orden jurídico y urbanístico que hasta ahora ha guiado el crecimiento comercial de la ciudad. En palabras de Solmi: “No estamos pidiendo privilegios, solo pedimos reglas claras y estables. Porque sin eso, no hay ni competencia real ni inversión sustentable”.
