Proyecto de desregulación propone cambios para farmacias inmobiliarias logística y mercados en Argentina
El Gobierno argentino trabaja en un nuevo proyecto de ley de desregulación económica que busca modificar el funcionamiento de diversos sectores productivos y comerciales del país. Aunque el texto aún se encuentra en revisión y no ha sido enviado formalmente al Congreso, el borrador anticipa una serie de reformas que abarcan desde el mercado farmacéutico y el corretaje inmobiliario hasta la navegación de cabotaje, el mercado de capitales y distintas actividades vinculadas al agro.
La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para reducir requisitos administrativos, promover la competencia y acelerar la digitalización de distintos procesos económicos. Sin embargo, al tratarse de un anteproyecto, las autoridades aclararon que el contenido todavía podría sufrir modificaciones antes de su presentación oficial.
Uno de los capítulos que más atención genera corresponde al sector farmacéutico. El borrador propone ampliar los canales de comercialización para los medicamentos de venta libre, habilitando su venta fuera de las farmacias tradicionales y permitiendo que puedan ofrecerse mediante plataformas digitales, siempre que se cumplan las condiciones de trazabilidad y seguridad definidas por la autoridad sanitaria. Además, contempla la digitalización de registros vinculados a recetas y controles específicos de determinados medicamentos.
Vea también: Consumo argentino muestra señales contradictorias entre cifras récord y caída de ventas tradicionales
Otro de los cambios relevantes involucra al mercado inmobiliario. El proyecto plantea eliminar regulaciones que actualmente establecen límites sobre honorarios y aranceles para la actividad de corretaje. Según el enfoque de la iniciativa, la intención es permitir que los servicios profesionales funcionen bajo un esquema de mayor libertad comercial, dejando que las condiciones económicas sean determinadas por las partes involucradas y no por regulaciones específicas.
El sector logístico también figura entre los principales beneficiarios de las modificaciones propuestas. El texto prevé cambios en el régimen de cabotaje para permitir que embarcaciones de bandera extranjera puedan realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos bajo determinadas condiciones. La propuesta incluye un esquema progresivo de incorporación de tripulación nacional y beneficios para facilitar la incorporación de embarcaciones a la bandera argentina, con el objetivo de mejorar la competitividad del transporte marítimo.
En materia financiera, el proyecto incorpora medidas destinadas a modernizar los instrumentos de garantía y facilitar el acceso al crédito. Entre ellas se encuentra la posibilidad de utilizar tecnologías de registro distribuido, como blockchain, para representar determinados activos financieros y desarrollar sistemas digitales unificados para el registro de garantías. Asimismo, propone actualizar el régimen de warrants y prendas registradas, ampliando las herramientas disponibles para empresas y productores que buscan financiamiento.
Las actividades agropecuarias y mineras también aparecen alcanzadas por la propuesta. El borrador busca ampliar el uso de certificados de depósito y warrants para distintos tipos de productos, además de incorporar bienes mineros dentro de estos mecanismos de garantía. Paralelamente, plantea eliminar algunas normativas consideradas obsoletas y modificar el sistema de aportes obligatorios vinculados a determinados organismos de promoción sectorial.
Desde una perspectiva económica, el proyecto intenta profundizar un proceso de simplificación regulatoria que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de la gestión. La premisa consiste en reducir barreras de ingreso, disminuir intervenciones estatales en mercados considerados competitivos y promover una mayor participación del sector privado. Sus defensores sostienen que estas medidas podrían favorecer las inversiones, mejorar la eficiencia y reducir costos administrativos para empresas y consumidores.
No obstante, la iniciativa también abre un amplio debate entre distintos actores económicos y sociales. Diversas organizaciones profesionales, cámaras empresariales y representantes de sectores involucrados analizan el posible impacto que tendría una flexibilización de las regulaciones actuales. Mientras algunos consideran que las reformas podrían estimular la competencia y modernizar actividades con normas antiguas, otros advierten sobre la necesidad de mantener controles que garanticen la calidad de los servicios, la protección del consumidor y la seguridad de determinadas actividades.
Vea también: Gobierno reabre debate sobre etiquetado alimentario entre industria, salud pública y consumidores argentinos
Por el momento, el proyecto continúa en etapa de revisión técnica dentro del Poder Ejecutivo y todavía no existe una versión definitiva. Una vez que sea enviado al Congreso comenzará el proceso legislativo, donde cada uno de sus artículos podrá ser debatido, modificado o eventualmente rechazado. En consecuencia, las medidas incluidas en el borrador no tienen vigencia y dependerán del tratamiento parlamentario para transformarse en ley.
Si finalmente avanza, esta iniciativa podría representar una de las reformas regulatorias más amplias de los últimos años, con efectos sobre múltiples sectores de la economía argentina y sobre la manera en que empresas, profesionales y consumidores desarrollan sus actividades cotidianas.
Fuente: Infobae
