Productores reciben menos del 25% del precio que pagan los consumidores
El desbalance entre los precios que perciben los productores agropecuarios y los que pagan los consumidores finales en los supermercados y almacenes de Argentina es una problemática estructural que impacta tanto en la rentabilidad de los productores como en el poder adquisitivo de los consumidores.
Según el Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diciembre de 2024, los precios de los agroalimentos aumentaron en promedio 3,9 veces desde el campo hasta la góndola.
Este fenómeno refleja profundas inequidades en la cadena de valor agroalimentaria, exacerbadas por una combinación de factores económicos, logísticos y estructurales que afectan a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores.
La brecha entre origen y destino
El IPOD de CAME revela diferencias notables entre los productos de origen animal y los frutihortícolas:
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Productos frutihortícolas: Presentan las mayores disparidades, con precios que llegan a ser hasta 6,9 veces más altos en destino que en origen. Ejemplos extremos incluyen:
Zanahoria: Precio en góndola 10,2 veces superior al pagado en el campo.
Naranja: 9,6 veces más cara.
Tomate redondo y brócoli: Ambos con un incremento de 8,8 veces.
Repollo: 8,2 veces más caro.
Productos de origen animal: Tienen una brecha menor, aunque significativa:
Pollo: Es el producto con la menor diferencia, con un aumento de 1,8 veces.
Leche: Incremento de 3,5 veces.
Novillo: 3,9 veces más caro en el destino.
Estas diferencias reflejan no solo el margen de ganancia que aplican los intermediarios y supermercados, sino también los costos asociados a la logística, los impuestos y la infraestructura deficiente.
Los pequeños y medianos productores enfrentan un panorama complejo, caracterizado por múltiples desafíos que afectan su capacidad de competir y generar rentabilidad:
Consumo interno débil:
La falta de recursos en gran parte de la población limita el consumo, afectando directamente la demanda de productos agroalimentarios.
Altos costos de producción:
La inflación y el atraso cambiario encarecen los insumos necesarios para la producción, muchos de los cuales están dolarizados.
Presión impositiva:
Argentina cuenta con una de las cargas fiscales más altas de la región, lo que reduce significativamente los márgenes de ganancia de los productores.
Apertura de importaciones:
La entrada de productos extranjeros, muchas veces a precios más bajos, genera competencia desleal para los productores locales.
Logística e infraestructura deficiente:
La falta de inversión en caminos, transporte y almacenamiento aumenta los costos de traslado, especialmente para los productores de economías regionales.
Estas condiciones generan una «tormenta perfecta» que erosiona la rentabilidad de los productores y pone en riesgo la sostenibilidad de muchas economías regionales.
Concentración en el sector de supermercados
La estructura del mercado minorista en Argentina contribuye significativamente a las disparidades de precios entre origen y destino. Seis grandes holdings controlan el 70% del mercado de consumo masivo:
Carrefour.
Walmart.
Día.
Coto.
La Anónima.
Grupo Cencosud (Jumbo y Vea).
Además, un 20% del mercado está dominado por autoservicios chinos, que operan como «negocios de proximidad» pero que cuentan con una organización eficiente gracias a la cámara que los agrupa.
Esta alta concentración permite a los grandes jugadores imponer condiciones a los productores, quienes, debido a su menor poder de negociación, se ven obligados a aceptar precios que no reflejan los costos reales de producción.
La desigualdad en la distribución del valor agregado afecta de manera particular a las economías regionales, donde los productores enfrentan mayores costos logísticos y menores márgenes de ganancia.
Por ejemplo:
Un productor de zanahorias en el interior del país percibe apenas una fracción del precio final que paga el consumidor en Buenos Aires.
Los costos de transporte, almacenamiento y distribución se incrementan debido a la falta de infraestructura adecuada, lo que reduce aún más la rentabilidad.
Esta situación genera un círculo vicioso: los productores no pueden invertir en mejorar su producción o reducir costos, lo que a su vez los hace menos competitivos frente a los grandes actores del mercado.
Para reducir la brecha entre los precios de origen y destino, es necesario implementar políticas públicas y estrategias privadas que favorezcan una distribución más equitativa del valor agregado. Algunas medidas posibles incluyen:
Fortalecer las economías regionales:
Invertir en infraestructura logística para reducir costos de transporte y almacenamiento.
Promover programas de capacitación y financiamiento para pequeños productores.
Regular la concentración del mercado:
Establecer mecanismos que limiten el poder de negociación de los grandes supermercados.
Fomentar la competencia mediante el apoyo a mercados locales y ferias directas.
Transparencia en la cadena de valor:
Implementar sistemas de trazabilidad que permitan a los consumidores conocer el origen de los productos y los márgenes aplicados en cada etapa.
Fomentar el consumo interno:
Diseñar políticas que aumenten el poder adquisitivo de los consumidores, incentivando la demanda de productos locales.
Impulsar la asociatividad entre productores:
Promover la formación de cooperativas y asociaciones que permitan a los pequeños productores negociar en mejores condiciones con los grandes actores del mercado.
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El desbalance entre los precios de origen y destino en la cadena agroalimentaria de Argentina es un problema estructural que afecta tanto a los productores como a los consumidores. Si bien factores como la concentración del mercado y los altos costos logísticos contribuyen a esta brecha, también es necesario abordar cuestiones como la presión impositiva y la falta de inversión en infraestructura.
Reducir esta desigualdad requiere un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, orientado a fortalecer las economías regionales, mejorar la competitividad de los productores y garantizar una distribución más equitativa del valor agregado.
