Por qué el contexto argentino ahuyenta a gigantes del retail como Carrefour y Makro
En los últimos meses, dos decisiones empresariales sacudieron al sector de distribución mayorista y minorista en Argentina: Carrefour se retira del país y Makro vende su operación local. Aunque ambos movimientos fueron atribuidos a reestructuraciones estratégicas regionales, lo cierto es que detrás de estas salidas hay una realidad más profunda y estructural: la complejidad de hacer negocios en un país con alta presión fiscal, costos laborales distorsivos y reglas que cambian constantemente.
A diferencia de los actores nacionales —especialmente pymes y empresas familiares que han aprendido a maniobrar entre la inestabilidad económica— las grandes multinacionales, que operan bajo estándares globales y requieren cierta previsibilidad, encuentran en Argentina un terreno lleno de obstáculos. Y esos obstáculos, que van desde tributos opacos hasta normativas laborales inflexibles, se traducen en sobrecostos que terminan repercutiendo directamente en el consumidor final.
La economía del sobrecosto: el “costo argentino” que nadie quiere pagar
Uno de los puntos más sensibles es el sobrecosto acumulado en toda la cadena de producción y comercialización. Según estimaciones privadas, entre cargas laborales e impuestos, un producto puede sufrir un encarecimiento de hasta un 53% antes de llegar al consumidor. ¿Qué implica esto? Que incluso bienes de primera necesidad, como alimentos, ropa o productos de limpieza, terminan costando mucho más que en países vecinos.
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Este fenómeno, conocido popularmente como “el costo argentino”, incluye una combinación de tributos formales, cargas parafiscales, contribuciones obligatorias y tasas municipales que afectan a cada eslabón del circuito comercial.
Trabas laborales: entre lo obligatorio y lo inexplicable
El sistema laboral argentino es uno de los más regulados de la región. Si bien su objetivo es proteger al trabajador, en la práctica muchas de sus disposiciones generan un fuerte desincentivo para la creación de empleo formal y una alta carga financiera para las empresas.
Uno de los ejemplos más cuestionados en el ámbito empresario es el aporte obligatorio al INACAP (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio). Cada empresa debe aportar $8.500 mensuales por trabajador, aunque muchas veces ese dinero no se traduce en formación efectiva. El aporte fue eliminado por Decreto hace unos meses, tras pedidos de organizaciones como CADAM y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), pero volvió a imponerse a través de una medida judicial solicitada por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
A esto se suman otras cargas como:
Aporte sindical obligatorio del 2,5%.
Asesoramiento sindical obligatorio, con una alícuota del 0,5%.
Contribución solidaria por COVID-19, todavía vigente, de $5.500 por trabajador.
Seguro de retiro “La Estrella”, un 2,5% adicional.
Aunque estas contribuciones no impactan directamente en el salario neto del trabajador, forman parte del costo laboral total, que muchas veces encarece la nómina sin mejorar la calidad del empleo.
un sistema impositivo que asfixia al comercio
La carga impositiva en Argentina no solo es elevada, sino que además se superpone en distintas capas: municipal, provincial y nacional. Esa multiplicidad de tributos genera un efecto piramidal que se traslada al precio final de cada producto.
Estos son algunos de los principales impuestos y tasas que afectan al sector:
Tasas municipales:
Empresas: 1,5%
Mayoristas: 1,2%
Supermercados y cadenas: hasta 6%
Total aproximado: 8,7%
Ingresos Brutos (IIBB):
Proveedores: 1,5%
Mayoristas: 5,5%
Supermercados y cadenas: 5,5%
Total aproximado: 12,5%
Impuesto al débito y crédito bancario:
Aplicado en cada etapa (fábrica, mayorista, comercio): 1,2% x 3 = 3,6%
IVA (Impuesto al Valor Agregado):
21% sobre el precio final al consumidor.
Esto significa que casi la mitad del precio de un producto básico son impuestos. Una situación que vuelve a Argentina un país extremadamente costoso para comercializar, incluso en sectores esenciales como alimentos o higiene.
Costos financieros, logística y tarjetas: el combo letal
Pero los sobrecostos no terminan ahí. Argentina enfrenta también dificultades logísticas y financieras que agravan la situación. Por ejemplo, mover mercadería dentro del país puede ser más caro que importarla desde Asia o Europa, debido a la infraestructura deficiente, los peajes y el precio del combustible.
A eso hay que sumar los altos costos de financiación: tasas bancarias que pueden superar el 40% anual, algo impensado en otras economías. Además, los comercios deben absorber comisiones de hasta 2,2% por cada venta con tarjeta, lo que reduce sus márgenes y obliga a aumentar precios.
Mientras los consumidores argentinos buscan alternativas más baratas en plataformas de comercio electrónico internacional o cruzan a países limítrofes para abastecerse, las empresas locales pierden volumen de ventas. Esa fuga de consumo —que también erosiona la recaudación y el empleo— es una respuesta directa al desfasaje de precios internos respecto al resto de la región.
En ciudades fronterizas como Posadas, Concordia o Mendoza, las imágenes de autos cargados de productos comprados en Paraguay, Brasil o Chile ya no sorprenden. Se ha vuelto una práctica habitual, especialmente para quienes buscan alimentos, electrodomésticos o indumentaria. Esto deja a los comercios argentinos en una posición de desventaja estructural frente a competidores externos, con menos costos y más libertad operativa.
Carrefour y Makro: un síntoma de algo mayor
La salida de Carrefour, una de las mayores cadenas del mundo, y la venta de Makro, que pertenece al grupo holandés SHV Holdings, no pueden analizarse como hechos aislados. Se trata de señales claras de un entorno de negocios que no ofrece incentivos ni certezas para planificar a mediano o largo plazo.
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En lugar de apostar por la reconversión o la reinversión, las grandes marcas optan por reducir su exposición en un país impredecible. Al mismo tiempo, muchas pymes argentinas se ven forzadas a operar “día a día”, con estrategias defensivas que incluyen remarcar precios de forma preventiva o reducir stock para proteger su capital.
¿Hay salida?
Resolver este escenario no es sencillo, pero sí urgente. Argentina necesita avanzar hacia un modelo más transparente, competitivo y previsible. Reformar la estructura tributaria, revisar las cargas laborales improductivas y modernizar las leyes que rigen el comercio y la producción podría ser un primer paso.
Mientras eso no ocurra, el país seguirá alejando inversiones, restringiendo el empleo formal y condenando a los consumidores a pagar precios excesivos por productos que, en otro contexto, serían mucho más accesibles.
