Masivo operativo en Flores para erradicar la venta ilegal callejera
El pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un operativo para desalojar a vendedores callejeros ilegales que se encontraban en avenida Avellaneda y sus alrededores, en el barrio de Flores. La acción, que comenzó en la madrugada, removió más de 5000 puestos de venta informal en la zona.
El operativo contó con la participación de más de 550 inspectores, operarios y efectivos policiales. Según las autoridades, el objetivo es erradicar la venta ilegal y combatir estructuras de comercio ilícito que afectan al comercio formal. Además, se busca reducir la informalidad en una de las áreas más impactadas por esta problemática en la ciudad.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) manifestaron su apoyo a la medida. Ambas entidades han expresado en diversas ocasiones su preocupación por la competencia desleal que, sostienen, generan estos puestos informales. Asimismo, argumentan que la venta ilegal puede estar vinculada a organizaciones delictivas, talleres clandestinos y evasión impositiva.
Vea también: El sistema de courier en Argentina enfrenta un colapso sin precedentes
Fabián Castillo, vicepresidente de CAME y presidente de FECOBA, destacó la importancia de este operativo y reafirmó su respaldo a los comerciantes y vecinos de la zona. «Queremos dejar claro nuestro apoyo a quienes cumplen con las normativas y pagan impuestos, no solo en avenida Avellaneda, sino también en otros puntos del país donde la informalidad impacta negativamente en la economía», señaló.
La venta ilegal en la ciudad ha sido un problema recurrente en los últimos años. Comerciantes formales han denunciado reiteradamente que los manteros y vendedores ambulantes afectan sus ventas y generan situaciones de inseguridad en la zona. Además, la falta de regulación y fiscalización ha permitido el crecimiento de este tipo de comercio informal.
Uno de los puntos más conflictivos es la venta de productos falsificados y de origen dudoso. Muchas de estas mercaderías no cumplen con los estándares de calidad ni cuentan con los permisos correspondientes para su comercialización. Las cámaras de comercio insisten en que este tipo de venta afecta la recaudación fiscal y el empleo formal, ya que muchos comercios deben enfrentar una competencia desleal que no paga impuestos ni ofrece garantías a los consumidores.
El Gobierno porteño aseguró que el operativo forma parte de un plan integral para combatir la informalidad y mejorar la seguridad en el barrio de Flores. «No es solo un problema económico, sino también de organización del espacio público y de garantía de derechos para todos», indicó un portavoz del Ejecutivo local.
Sin embargo, la medida también generó críticas por parte de algunos sectores, que consideran que el desalojo de los vendedores callejeros sin una solución alternativa puede afectar a muchas familias que dependen de esta actividad para subsistir. Organizaciones sociales y algunos referentes políticos han pedido que se implementen programas de regularización y capacitación para que los trabajadores informales puedan integrarse al mercado laboral de manera formal.
Según un informe de la CAME, en la Ciudad de Buenos Aires existen más de 10.000 puestos de venta ilegal en las calles, lo que representa una pérdida millonaria para el comercio formal. «Es fundamental que se tomen medidas concretas para erradicar la ilegalidad, pero también es necesario acompañar a quienes se encuentran en la informalidad con herramientas para su inclusión laboral», indicó el informe.
Los operativos de control en la avenida Avellaneda no son nuevos. En el pasado, el gobierno porteño ya había implementado medidas similares, aunque con resultados dispares. En algunos casos, los manteros desalojados regresaron a los pocos días y en otros se trasladaron a zonas cercanas, lo que ha generado una dinámica de reubicación constante.
Para los comerciantes formales, la solución no es solo el desalojo, sino también una política sostenida que garantice igualdad de condiciones para todos los actores del sector. «Si no se establecen controles permanentes y políticas de inclusión, la venta ilegal va a seguir proliferando», advirtió un empresario de la zona.
Por su parte, algunos vendedores informales aseguraron que no tienen otra opción que trabajar en la calle debido a la crisis económica y la falta de empleo. «No queremos estar aquí, pero no tenemos alternativas. Si nos dan opciones de trabajo digno, las tomamos», comentó un vendedor ambulante afectado por el desalojo.
Ante esta situación, diversas organizaciones han propuesto la creación de ferias reguladas donde los trabajadores informales puedan comercializar sus productos de manera legal, con espacios designados y regulaciones claras que les permitan operar sin afectar a los comercios formales.
Vea también: Exposición de joyería sostenible de autor llega a Buenos Aires
El debate sobre la venta ilegal en Buenos Aires sigue abierto. Mientras el Gobierno de la Ciudad avanza con operativos de control y desalojo, las cámaras de comercio respaldan estas acciones, pero también piden que se implementen medidas de fondo que eviten el retorno de la problemática. En tanto, los vendedores informales y sus defensores insisten en la necesidad de soluciones integrales que contemplen la situación social y económica de quienes dependen de esta actividad para subsistir.
Las próximas semanas serán clave para evaluar el impacto del operativo y la efectividad de las medidas tomadas. El desafío es encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las normativas y la generación de oportunidades para quienes hoy están en la informalidad.
