La vitivinicultura argentina bajo presión fiscal: Un modelo que pierde competitividad
El sector vitivinícola argentino, históricamente reconocido por su calidad y capacidad de exportación, enfrenta hoy un desafío estructural que amenaza su rentabilidad y proyección: la creciente presión impositiva. Lejos de ser una problemática reciente, la carga fiscal sobre las fincas y bodegas del país ha mostrado una tendencia ascendente desde 2017, alcanzando en 2025 niveles alarmantes que superan no solo los promedios locales, sino también los de países competidores directos como Chile y Brasil.
Un informe elaborado por los economistas Alejandro Trapé y Juan Pott Godoy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a pedido de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), actualiza los datos y ofrece un diagnóstico contundente: los impuestos se llevan entre el 57% y el 63% del resultado empresarial de una finca o bodega argentina.
El estudio establece que, al analizar el excedente puro de producción —es decir, el ingreso total menos los costos operativos sin considerar los impuestos—, la presión tributaria representa el 57,1% para una finca promedio y llega hasta el 62,4% para una bodega. En los casos de emprendimientos pequeños, la situación se agrava: una bodega de menor escala puede ver cómo el 63,4% de sus ganancias potenciales son absorbidas por el Estado.
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Esto significa que, luego de cubrir costos de producción, comercialización y administración, el resultado económico neto disponible para reinversión, mejora tecnológica o incluso pago de deudas, se ve drásticamente reducido por el peso del sistema fiscal. En concreto, en un escenario donde los ingresos representan el 100%, los costos operativos consumen el 81% y el resultado empresario inicial es de apenas el 19%, de ese margen, más de tres quintos se destinan al pago de impuestos.
Un sistema impositivo asimétrico frente a la competencia internacional
Lo que resulta más preocupante es la comparación internacional. Según el informe, Chile tributa casi la mitad en términos relativos: mientras que en Argentina una finca paga impuestos equivalentes al 57,1% del excedente, en el país vecino la carga alcanza apenas el 33,3%. En el caso de las bodegas, la diferencia es aún más marcada: 62,4% contra 42,4%.
Esta desventaja competitiva coloca a la industria vitivinícola argentina en una posición comprometida frente a los mercados internacionales. No se trata solo de una carga fiscal alta, sino de una desproporción estructural que dificulta las exportaciones, desincentiva la inversión y erosiona los márgenes frente a competidores regionales más eficientes en términos tributarios.
Desde que comenzó a medirse en 2017, la presión fiscal sobre la vitivinicultura ha registrado un incremento sostenido. Para las fincas, el salto fue del 45% al 57,1%, mientras que para las bodegas pasó del 58% al 62,4%. Este crecimiento no responde a un aumento del ingreso o la rentabilidad del sector, sino a ajustes en los tributos existentes, creación de nuevos impuestos y falta de actualización de mínimos no imponibles.
Además, el estudio indica que esta presión supera el promedio de otras actividades económicas en Mendoza (39%) y en el país en general (37,7%), posicionando a la vitivinicultura como una de las actividades más castigadas por el sistema impositivo argentino. Incluso frente a países con alta presión tributaria como Brasil (40,4%), el diferencial sigue siendo considerable.
Desagregando la carga tributaria: los impuestos que más pesan
Uno de los aportes más relevantes del informe es la identificación de los impuestos con mayor incidencia en la estructura fiscal del sector. En el caso de una bodega que integra el proceso productivo —es decir, que cultiva sus propias uvas y elabora el vino—, el Impuesto a las Ganancias es el tributo más significativo, representando el 20,8% del total del excedente absorbido por el Estado.
Le siguen los impuestos al trabajo, con un peso del 17,1%, que reflejan los costos laborales asociados a cargas sociales y contribuciones patronales. En tercer lugar se ubica el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como «Impuesto al Cheque», que aporta un 10,9% adicional a la carga fiscal.
Completan el cuadro el Impuesto a los Ingresos Brutos, de carácter provincial, con una participación del 3,4%, además de tributos indirectos como los incluidos en servicios de energía, combustibles, insumos y contratación de mano de obra. La mayoría de estos impuestos son de jurisdicción nacional, lo que subraya la responsabilidad del gobierno central en la configuración de este panorama.
Los riesgos de no actuar: inversión estancada y pérdida de competitividad
El efecto inmediato de esta presión fiscal excesiva es la reducción del margen de rentabilidad, lo que a su vez limita la capacidad de inversión de los actores del sector. En un contexto global donde la innovación tecnológica, la diversificación de mercados y la sostenibilidad son claves para sostener la competitividad, Argentina corre el riesgo de quedar rezagada frente a competidores más livianos en términos tributarios.
Además, el desincentivo fiscal puede fomentar prácticas informales, reducir el cumplimiento voluntario y erosionar el tejido productivo formal, especialmente en las unidades más pequeñas y vulnerables.
El estudio de la UNCuyo no se limita a describir el problema, sino que también invita a pensar en alternativas para un rediseño tributario más equitativo y sostenible. Entre las opciones discutidas en el sector están:
La reducción o eliminación del Impuesto al Cheque, que afecta de manera directa la operatoria diaria de las bodegas.
Una revisión de las cargas sobre el trabajo, orientada a fomentar el empleo formal sin penalizar al empleador con costos excesivos.
La segmentación del Impuesto a las Ganancias, con escalas diferenciales para pymes del sector primario y agroindustrial.
La posibilidad de implementar beneficios fiscales o reintegros para las empresas que demuestren inversiones productivas, generación de empleo o exportaciones.
Estas medidas, lejos de significar una pérdida de recaudación, podrían traducirse en un aumento de la base imponible a mediano plazo, a través de mayor formalización, crecimiento y dinamismo del sector.
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La vitivinicultura no es solo una industria más. Es un sector emblema de la economía regional, que genera empleo, motoriza el turismo, promueve la identidad cultural y aporta a la balanza comercial del país. En este sentido, tratarla como una actividad fiscal más, sin reconocer su especificidad y su valor estratégico, es un error que puede tener consecuencias de largo alcance.
Frente a esto, es clave que el diseño de políticas públicas contemple la realidad de las economías regionales y sus cadenas de valor, con medidas concretas que permitan aliviar la presión impositiva y sostener la competitividad de uno de los sectores más representativos del interior argentino.
