La justicia avala venta libre de medicamentos en kioscos y supermercados
La Justicia argentina, a través del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, falló a favor del Gobierno al rechazar una medida cautelar presentada por las entidades farmacéuticas Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y Federación Farmacéutica (FEFARA). Estas organizaciones buscaban frenar la implementación de varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que regulan la comercialización de medicamentos de venta libre en puntos fuera del ámbito tradicional de las farmacias.
El juez Santiago Carrillo concluyó que las disposiciones del DNU no violan derechos fundamentales, no implican riesgos sanitarios comprobados y respetan la autonomía de las provincias, ya que no son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Este fallo supone un importante respaldo para la política del Gobierno, que argumenta que estas medidas buscan facilitar el acceso a medicamentos esenciales para los ciudadanos.
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La resolución judicial establece que no se vulnera el derecho a la salud ni el ejercicio profesional farmacéutico, puntos centrales de la argumentación de las entidades demandantes. Las asociaciones habían solicitado la anulación de los artículos 313 al 325 del DNU, al considerar que estos cambios violaban la Ley 17.565 y afectaban el rol de los farmacéuticos en la dispensa de medicamentos.
El juez destacó que “no se advierte el menoscabo” en las competencias de las jurisdicciones locales en materia de fiscalización y regulación sanitaria. Además, subrayó que la normativa nacional no obliga a las provincias a adherirse, por lo que no se afecta la autonomía de los gobiernos locales.
El fallo también señala que la venta de medicamentos de venta libre en comercios no habilitados como farmacias, como kioscos y supermercados, está limitada a productos de bajo riesgo, específicamente antiácidos y analgésicos. Según el magistrado, esta regulación no representa un peligro sanitario.
El DNU 1024/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, introdujo cambios significativos en la normativa de venta de medicamentos. Los medicamentos sin receta ahora pueden exhibirse en las góndolas de las farmacias, una práctica previamente prohibida que requería la intervención directa de un farmacéutico.
Además, dos tipos de medicamentos de venta libre, los antiácidos y analgésicos, pueden comercializarse en puntos de venta no farmacéuticos, como kioscos, almacenes y supermercados. Esta medida busca facilitar el acceso a estos productos, especialmente en zonas donde no hay farmacias disponibles.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó esta decisión al afirmar que se eliminan restricciones innecesarias, como requisitos sobre infraestructura o garantías económicas, que limitaban la posibilidad de comercialización. Según Sturzenegger, “ahora cualquier kiosco o supermercado podrá vender este tipo de medicamentos, siempre que no los adquieran menores de edad”.
Uno de los argumentos más destacados a favor del DNU es el impacto en la competencia de precios. Según el ministro, productos como los antiácidos, donde existen diferencias de precios de hasta ocho veces dependiendo del punto de venta, podrían beneficiarse de una mayor competencia en los canales minoristas. “Con esta medida, será difícil que estas diferencias persistan en el tiempo”, afirmó.
Por otro lado, las entidades farmacéuticas alertaron sobre los posibles riesgos de esta liberalización. COFA y FEFARA sostienen que la intervención de un farmacéutico garantiza una dispensa responsable y adecuada, lo cual consideran esencial para proteger la salud de la población. Argumentaron que esta desregulación podría conducir a un acceso inadecuado a medicamentos, generando riesgos sanitarios.
Sin embargo, el juez Carrillo desestimó estos temores al considerar que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar un peligro real e irreparable.
Aunque el fallo judicial respalda la política del Gobierno, su aplicación en las provincias sigue siendo un tema de debate. Muchas jurisdicciones locales han mostrado reticencias a adherirse, argumentando que prefieren mantener sus regulaciones sanitarias más estrictas.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida no afecta la autonomía provincial y que las provincias tienen la libertad de decidir si adoptan o no esta normativa. De hecho, algunas provincias ya están analizando adaptar sus legislaciones locales para permitir la comercialización de medicamentos de venta libre en puntos de venta alternativos, mientras otras optan por mantener el modelo tradicional de farmacias.
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La decisión judicial marca un hito en la desregulación del sector farmacéutico y podría tener un impacto duradero en la manera en que se accede a medicamentos en Argentina. Por un lado, el Gobierno busca ampliar el acceso a productos esenciales y fomentar la competencia de precios. Por otro, las entidades farmacéuticas temen que esta liberalización socave el rol de las farmacias y la calidad en la dispensa de medicamentos.
En este contexto, el debate sobre el equilibrio entre accesibilidad y regulación sanitaria seguirá siendo un tema central en la agenda pública. Las próximas discusiones legislativas y las decisiones de las provincias determinarán el alcance real de esta reforma y su impacto en la salud de los argentinos.
