Eliminan obligación de contratar Aerolíneas Argentinas en la administración pública
El Gobierno de Argentina ha tomado una medida trascendental al derogar la norma que obligaba a los organismos y empresas de la Administración Pública Nacional a contratar exclusivamente los servicios de Aerolíneas Argentinas para sus viajes aéreos. Esta decisión, formalizada mediante la Decisión Administrativa 1017/2024, marca un giro en la política de gestión estatal al promover una mayor desregulación del mercado y fomentar la competencia en el sector aeronáutico.
Un cambio de paradigma en las contrataciones estatales
Desde 2013, el decreto 1191/2012 obligaba a los organismos del Sector Público Nacional a adquirir pasajes aéreos únicamente a través de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y su operador mayorista, OPTAR S.A. Esta normativa buscaba priorizar a empresas en las que el Estado argentino tenía participación accionaria, garantizando ingresos para Aerolíneas Argentinas y fortaleciendo su rol como aerolínea de bandera.
Vea también: El Black Friday 2024 suma a marcas locales en Argentina a las ofertas globales
No obstante, con la publicación del Decreto 747/2024, el Gobierno derogó este esquema obligatorio, alineándose con un marco normativo más amplio establecido por el Decreto 70/2023. Este último prohíbe al Estado otorgar privilegios legales a empresas en las que tenga participación, en línea con el objetivo de garantizar un mercado más competitivo y eficiente.
La medida también abroga la Decisión Administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para el uso exclusivo de OPTAR S.A. Con este cambio, los organismos públicos podrán contratar vuelos con cualquier aerolínea que ofrezca las mejores condiciones económicas y logísticas, eliminando una restricción que había estado vigente durante más de una década.
Este cambio ocurre en un clima de tensión entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos. En los últimos meses, sindicatos del sector han llevado a cabo medidas de fuerza en medio de negociaciones salariales que aún no llegan a buen puerto. Los empleados de Aerolíneas Argentinas han expresado su descontento ante lo que consideran una «desprotección» hacia la empresa estatal, especialmente en un momento en que enfrenta múltiples desafíos financieros y operativos.
Sin embargo, el Gobierno ha defendido la decisión argumentando que busca mejorar la eficiencia administrativa, reducir costos y abrir oportunidades de contratación más equitativas. Según fuentes oficiales, esta desregulación podría generar ahorros significativos en los presupuestos de los organismos públicos, al permitirles optar por ofertas más competitivas en el mercado aéreo.
Nuevas reglas para viajes oficiales
La derogación del esquema obligatorio de contratación no es un caso aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio por optimizar los gastos en viajes oficiales. En septiembre de 2024, se introdujeron nuevas normativas a través de la Decisión Administrativa 888/2024, que establece criterios estrictos para reducir costos y justificar los desplazamientos de funcionarios públicos.
Entre las medidas destacadas, se prioriza la contratación de vuelos más económicos, exigiendo que las rutas sean justificadas tanto por su precio como por su eficiencia en términos de tiempo. Además, se establece que los pasajes deben ser emitidos en la misma aerolínea para ida y vuelta, siempre que esta opción sea más económica.
Por otro lado, se han ajustado las condiciones para el cobro de viáticos y el manejo de gastos en moneda extranjera. Ahora, los montos se calculan con base en la cotización del día anterior a la partida, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Central. Asimismo, cuando las invitaciones incluyen comidas o alojamiento, los viáticos se reducen proporcionalmente para evitar duplicaciones en los gastos.
Impacto en Aerolíneas Argentinas
Para Aerolíneas Argentinas, la eliminación de esta obligación representa un golpe significativo. La empresa estatal ha dependido en gran medida de los contratos asegurados con el sector público, que representaban una fuente de ingresos estable y predecible. Sin embargo, la compañía tendrá ahora que competir en igualdad de condiciones con otras aerolíneas nacionales e internacionales para ganar licitaciones.
El desafío no solo es financiero, sino también reputacional. Aerolíneas Argentinas deberá demostrar que puede ofrecer un servicio competitivo en términos de calidad, precios y puntualidad para atraer a los organismos públicos y a los consumidores en general.
Argumentos a favor y en contra de la medida
A favor:
Competencia y transparencia: La medida fomenta un mercado más competitivo, eliminando privilegios que limitaban la libre elección de proveedores.
Reducción de costos: Al permitir la contratación de vuelos más económicos, el Estado puede optimizar el uso de recursos públicos.
Mayor eficiencia: Los organismos tendrán mayor flexibilidad para elegir opciones que se ajusten mejor a sus necesidades específicas.
En contra:
Impacto en Aerolíneas Argentinas: La empresa podría enfrentar dificultades financieras adicionales, especialmente en un contexto económico desafiante.
Posible pérdida de control estatal: Algunos críticos argumentan que esta desregulación podría debilitar el rol estratégico de Aerolíneas Argentinas como aerolínea de bandera.
Riesgo de servicios menos accesibles: La competencia abierta podría llevar a que se prioricen ofertas más económicas, sacrificando aspectos como la calidad del servicio.
El camino hacia la desregulación total del mercado aeronáutico en Argentina plantea oportunidades y desafíos. Para los organismos públicos, la posibilidad de acceder a un mercado más amplio podría traducirse en ahorros significativos y en una mayor flexibilidad operativa.
Vea también: Río de Janeiro, Florianópolis y Bariloche, los destinos elegidos para el verano 2025
Sin embargo, para Aerolíneas Argentinas, esta medida subraya la necesidad de reinventarse y adaptarse a un entorno más competitivo. La empresa deberá reforzar su propuesta de valor, enfocándose en la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad financiera para mantenerse relevante en un mercado cada vez más exigente.
En última instancia, la efectividad de esta política dependerá de su implementación y de cómo se logre equilibrar la apertura del mercado con la protección de los intereses estratégicos del país. Mientras tanto, la eliminación de esta obligación marca un cambio de época en la relación entre el Estado y las empresas públicas, en el marco de un esfuerzo por modernizar y desburocratizar la administración pública.
