Contrabando desafía la competitividad empresarial y profundiza pérdidas económicas en la industria Argentina actual
El contrabando se ha consolidado como uno de los principales desafíos para la economía argentina, afectando tanto la competitividad de las empresas como la recaudación fiscal y el empleo formal. Aunque históricamente estuvo asociado al ingreso clandestino de mercaderías por pasos fronterizos, hoy el fenómeno ha adquirido una dimensión mucho más compleja, impulsado por organizaciones criminales transnacionales, el comercio electrónico y sofisticados mecanismos de evasión que dificultan su control.
Durante un reciente encuentro organizado por representantes del sector privado, empresarios y especialistas coincidieron en que el comercio ilegal dejó de ser una actividad aislada para convertirse en una estructura organizada con capacidad de mover grandes volúmenes de productos y generar importantes pérdidas económicas. Según estimaciones difundidas durante la jornada, el comercio ilícito puede representar hasta el 8 % del Producto Bruto Interno (PBI) en mercados como Argentina, Brasil y México, una cifra que refleja la magnitud del problema.
Uno de los sectores más perjudicados es el de los teléfonos celulares. Las compañías del rubro advierten que una parte significativa de los dispositivos que se activan en el país ingresan por canales irregulares. Muchos de estos equipos no fueron importados oficialmente, carecen de garantías locales y, en algunos casos, presentan incompatibilidades técnicas con las redes nacionales. Esta situación no solo afecta las ventas de fabricantes y distribuidores autorizados, sino que también expone a los consumidores a mayores riesgos.
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La industria tabacalera también enfrenta un escenario preocupante. El contrabando de cigarrillos continúa expandiéndose en distintos países de la región, favorecido por las diferencias de precios entre mercados, la existencia de fábricas ilegales y la facilidad para atravesar algunas zonas fronterizas. El ingreso de estos productos reduce la recaudación tributaria y debilita la competencia de las empresas que cumplen con las obligaciones fiscales y sanitarias.
El sector textil figura igualmente entre los más afectados. La llegada de prendas ingresadas de forma ilegal o mediante maniobras de subfacturación presiona a la baja los precios del mercado, dificultando la competitividad de la industria nacional. Las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos de producción, suelen ser las más perjudicadas frente a productos que eluden impuestos, controles de calidad y normas laborales.
A esta problemática se suma el mercado de neumáticos, calzado, bebidas, perfumes, juguetes y otros bienes de consumo masivo que también registran una creciente participación de productos de origen ilegal. En muchos casos, estas mercaderías ingresan sin certificaciones técnicas o sanitarias, lo que incrementa los riesgos para la seguridad de los consumidores y dificulta las tareas de fiscalización.
Los especialistas sostienen que el fenómeno ha evolucionado junto con las nuevas tecnologías. Las plataformas digitales y los marketplaces facilitaron la comercialización de productos de origen dudoso, ampliando el alcance del comercio ilegal. Si bien estas herramientas representan una oportunidad para miles de emprendedores, también han abierto espacios utilizados por organizaciones que operan fuera de los canales formales. Por ese motivo, distintos sectores empresariales impulsan mecanismos que permitan fortalecer la verificación de vendedores y la trazabilidad de los productos ofrecidos en internet.
Las pérdidas económicas derivadas del contrabando van mucho más allá de la competencia desleal. El Estado deja de percibir recursos provenientes de aranceles, impuestos internos, IVA y otros tributos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación o seguridad. Al mismo tiempo, la expansión del comercio ilegal reduce las inversiones, desalienta la producción local y limita la generación de empleo formal.
Las organizaciones empresariales también advierten que muchas redes de contrabando están vinculadas con otros delitos, como el lavado de dinero, la falsificación de marcas, la explotación laboral y diferentes modalidades de crimen organizado. Esta dimensión transnacional obliga a fortalecer la cooperación entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, aduanas y empresas privadas para combatir un problema que trasciende las fronteras nacionales.
Frente a este escenario, una de las principales propuestas consiste en mejorar los controles aduaneros mediante herramientas tecnológicas, incrementar la trazabilidad de las mercaderías y reforzar los sistemas de inteligencia para identificar las rutas utilizadas por las organizaciones criminales. Asimismo, se plantea la necesidad de promover campañas de concientización para que los consumidores conozcan los riesgos asociados a la compra de productos ilegales.
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El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre facilitar el comercio internacional y garantizar mecanismos efectivos de control. La digitalización de los procesos aduaneros, el intercambio de información entre países y la incorporación de nuevas tecnologías para el seguimiento de las mercaderías aparecen como elementos clave para reducir el impacto del comercio ilícito.
En un contexto de creciente apertura comercial y transformación digital, combatir el contrabando no solo implica proteger la recaudación fiscal. También representa una condición necesaria para fortalecer la competitividad de las empresas, preservar miles de puestos de trabajo y brindar mayores garantías a los consumidores. La coordinación entre el sector público y privado será determinante para enfrentar un fenómeno que continúa evolucionando y que exige respuestas cada vez más integrales.
Fuente: Cronista
