Ajuste fiscal en argentina: El superávit llegó a costa del bienestar
El reciente anuncio del superávit fiscal por parte del Gobierno nacional fue celebrado como una muestra de solidez económica y responsabilidad presupuestaria. Sin embargo, al observar en detalle los indicadores de la economía real, emergen señales de preocupación que no pueden ser pasadas por alto. El informe La Macro en la Mira, publicado por el Centro Cultural y de Estudios DEMOS, ofrece una lectura crítica de esta aparente mejora en las cuentas públicas, sugiriendo que el ajuste que permitió llegar a ese superávit está teniendo un costo significativo para el conjunto de la sociedad.
Una mejora fiscal sostenida por el recorte, no por el crecimiento
El documento elaborado por DEMOS, con sede en Santa Fe, destaca que el superávit fiscal del primer trimestre de 2025 fue producto de una fuerte contracción del gasto público real, que se redujo en un 27% en comparación con el mismo período del año anterior. En lugar de surgir de una expansión de la actividad económica o de una mejora en la recaudación, el resultado positivo en las cuentas fiscales se logró a través de recortes drásticos.
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Las áreas más afectadas por estos recortes fueron las prestaciones sociales, con una caída del 18%, y la obra pública, que prácticamente se paralizó al reducirse en un 78%. Este tipo de ajuste, lejos de generar una economía más eficiente o ágil, impacta de manera directa en sectores vulnerables como los jubilados y en actividades que tienen un fuerte efecto multiplicador sobre el empleo, como la construcción.
Un modelo que se aleja del bienestar general
Desde el Gobierno se insiste en que reducir el gasto estatal abre espacio para que el sector privado se expanda. Pero los datos disponibles no confirman esta hipótesis. La actividad económica en general muestra signos de retroceso. Según DEMOS, las manufacturas cayeron un 9,2% en términos interanuales, el comercio minorista descendió un 17,7% y el sector de la construcción se contrajo un 7,3%.
Mientras tanto, los únicos sectores que muestran crecimiento son aquellos vinculados a la renta financiera y al negocio inmobiliario, especialmente en las grandes ciudades. Estas actividades, si bien pueden generar ingresos en ciertos segmentos, no arrastran consigo al resto de la economía ni generan empleo masivo. Son sectores que suelen beneficiar a una minoría con alta capacidad de inversión y especulación, dejando al resto de la población al margen de los beneficios económicos.
Deuda creciente en un contexto de ajuste
Uno de los datos más llamativos del informe es el aumento de la deuda pública en pesos medida en dólares, que creció en 97.000 millones. Este aumento resulta paradójico, ya que uno de los principales argumentos para alcanzar el superávit fiscal es justamente evitar recurrir al endeudamiento. Sin embargo, en lugar de ver una reducción de la deuda, se está observando una transformación en su composición y una transferencia de pasivos al sector privado bajo nuevas condiciones.
Este crecimiento de la deuda contradice el discurso oficial y siembra dudas sobre la sostenibilidad del ajuste en el mediano y largo plazo. Una política fiscal saludable no solo debe cerrar balances positivos, sino también ser coherente con una estrategia de desarrollo inclusiva y sostenible.
Caída del consumo y estancamiento del ingreso
Otro indicador preocupante que resalta el informe es el prolongado descenso del consumo masivo, que acumula ya dieciséis meses consecutivos de retracción. Este fenómeno está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo, el estancamiento de los salarios reales y el aumento de la precarización laboral.
La lógica detrás de una economía que apuesta por el ajuste es que, en el futuro, los beneficios llegarán a todos. Sin embargo, el presente muestra una realidad distinta: familias que reducen gastos básicos, negocios que cierran por falta de demanda y un tejido social que se debilita cada vez más.
Ignacio Trucco, economista y coordinador del equipo económico-productivo de DEMOS, advierte que “estos ajustes extremos, además de ser poco racionales, terminan costándole muy caro a la sociedad”. Para Trucco, la supuesta eficiencia que se logra al reducir el tamaño del Estado no se traduce en una mejora de la calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos. Por el contrario, provoca un deterioro en los servicios públicos y una desconexión cada vez mayor entre las instituciones y las necesidades reales de la población.
El problema de fondo es que el superávit, tal como está siendo alcanzado, es producto de una política que sacrifica inversión pública, desatiende el sistema de seguridad social y pone en pausa las estrategias de desarrollo económico. Sin mecanismos que redistribuyan los frutos del crecimiento, lo que se obtiene es una concentración aún mayor de la riqueza y un modelo económico excluyente.
Históricamente, en América Latina y particularmente en Argentina, los ciclos de ajuste fiscal severo han tenido efectos recesivos profundos. Aunque en el corto plazo pueden mejorar algunos indicadores financieros, su efecto sobre la economía real suele ser negativo. Esto genera una paradoja: se logra orden en las cuentas públicas a costa de una mayor fragilidad social y económica.
Además, cuando el ajuste no viene acompañado de una estrategia integral de desarrollo productivo, innovación y empleo, es difícil que se traduzca en beneficios sostenibles. De ahí que muchos economistas adviertan que no se puede hablar de éxito mientras el desempleo, la pobreza y la desigualdad crecen.
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Frente a este panorama, es necesario repensar las metas fiscales en un marco más amplio. El equilibrio de las cuentas públicas es un objetivo importante, pero no puede ser el único. Una economía saludable es aquella que no solo crece, sino que mejora la vida de sus ciudadanos. Y eso implica invertir en infraestructura, en educación, en salud y en políticas sociales que sostengan la inclusión.
El desafío para Argentina no es solo mantener el superávit, sino hacerlo sin destruir los mecanismos que garantizan la cohesión social. Un equilibrio entre disciplina fiscal y justicia social es posible, pero requiere una mirada más compleja y sensible sobre los efectos que las políticas económicas tienen en el día a día de las personas.
