«Vouchers obligatorios: Confusión, desinformación y el impacto en los pequeños comercios» es el tema que propone Nicole Revillot, Country Manager de TUU.
La resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), que obliga a los comercios a entregar un voucher impreso en las ventas presenciales con tarjeta y efectivo, ha generado confusión y preocupación en la industria del pago digital y entre los pequeños negocios. Más allá de los desafíos operativos y financieros que implica, el mayor problema ha sido la desinformación en torno a la medida. Muchos emprendedores y comerciantes aún no tienen claro qué deben hacer, cómo los afectará y qué cambios han surgido desde que se anunció la normativa.
Inicialmente, la obligación de imprimir comprobantes parecía aplicarse a todos los comercios de manera inmediata, lo que generó alarma entre pequeños emprendedores que operan con dispositivos sin impresora, como los mPOS. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el SII aclaró que habrá un plazo extendido hasta marzo de 2026 para que los negocios envíen los comprobantes por medios digitales. Aun así, la falta de información clara y accesible ha provocado confusión sobre cómo adaptarse a los nuevos requerimientos.
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Uno de los mayores problemas es que muchos comercios pequeños aún no saben si deben invertir en nuevos dispositivos, qué opciones tienen o si existen soluciones alternativas. Esto ha generado ansiedad innecesaria en un sector que ya enfrenta múltiples desafíos económicos. Además, se han difundido interpretaciones erróneas sobre la medida, llevando a algunos comerciantes a considerar regresar al uso de efectivo para evitar el problema, lo que podría tener consecuencias negativas tanto para la formalización de los negocios como para la recaudación fiscal.
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El problema no es solo la nueva obligación, sino la falta de claridad con la que se ha comunicado. En un contexto donde la digitalización y la eficiencia son clave para el desarrollo del comercio, cualquier cambio normativo debe ir acompañado de información transparente, accesible y adaptada a la realidad de quienes deben cumplirla. Solo así se podrá evitar la incertidumbre y garantizar que la transición sea lo menos perjudicial posible para las pequeñas empresas.
