«Más formalidad y mayores exigencias para los emprendedores» es el tema que propone Nicole Revillot, Country Manager de TUU.
Durante años, la formalización de los pequeños negocios ha sido una meta pendiente en la economía chilena. Combatir la evasión, la elusión y el comercio informal es, sin duda, un objetivo imprescindible para construir un sistema más justo. Sin embargo, las nuevas obligaciones tributarias anunciadas por el SII, aunque bien intencionadas, implican un costo que no todos los emprendedores pueden asumir.
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, se establece que desde mayo de 2025, diversos actores deberán exigir el Inicio de Actividades a sus proveedores y clientes. Esto implica que miles de emprendedores que actualmente operan en la informalidad deberán regularizar su situación para continuar en el mercado. Aunque esto puede interpretarse como un avance hacia la equidad tributaria, también representa un desafío financiero y operativo importante para quienes, muchas veces, trabajan con márgenes mínimos o sin acceso a asesoría contable.
Además, se suma otra carga: a partir del 1 de mayo de 2025, todo comercio que opere con medios de pago con impresora deberá entregar una copia impresa del comprobante o boleta electrónica. Aunque esto ha generado dudas, el SII aclaró que la obligación de impresión solo aplica si el dispositivo cuenta con impresora; en caso contrario, el documento puede enviarse en formato digital. No obstante, esto requiere inversión en dispositivos, conectividad y herramientas tecnológicas, elementos que no siempre están al alcance de los negocios más pequeños.
En este contexto, emprender no solo implica tener una buena idea, sino también contar con las herramientas adecuadas para cumplir con las reglas del juego. Por ello, es fundamental que existan soluciones pensadas para el segmento Pymes y, sobre todo, micropymes, como dispositivos económicos, servicios que incluyan emisión de boletas electrónicas, soporte técnico y modelos de acceso más flexibles, como arriendos, programas de recompra o reacondicionados. Muchas de estas iniciativas, ya disponibles en el mercado, alivian sustancialmente el impacto económico de la formalización.
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La intención de reducir la evasión es legítima. Sin embargo, si se desea que este proceso no excluya a nadie, también es necesario analizar cómo las nuevas reglas afectan a quienes sostienen la economía desde abajo: emprendedores que venden en ferias, almacenes de barrio, servicios independientes. Para ellos, que las herramientas estén al alcance y que existan facilidades reales puede marcar la diferencia entre avanzar o desaparecer.
