Por: Francisco Rojas, Director Ejecutivo de Accenture
La reciente aprobación de la legislación europea sobre Inteligencia Artificial (IA), en marzo de 2024, marca un hito significativo en la regulación de esta tecnología disruptiva. Este paso se vuelve particularmente relevante para Chile, que busca avanzar en la materia con un proyecto de ley presentado en mayo de 2024. La normativa europea establece un marco legal que no solo promueve la innovación, sino que también protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Chile, al igual que Europa, enfrenta el desafío de equilibrar el progreso tecnológico con la salvaguarda de principios éticos y derechos humanos.
La IA, a diferencia de otras tecnologías, no sólo automatiza tareas sino que tiene la capacidad de replicar y, en algunos casos, superar capacidades humanas en procesos mentales. Esto plantea un dilema: cómo regular una tecnología que tiene el potencial de transformar radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos. La legislación europea aborda este desafío de manera integral, clasificando los sistemas de IA según su riesgo y estableciendo requisitos específicos para cada categoría.
En la normativa europea, los sistemas de IA se dividen en cuatro grupos de riesgo: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente. Esta clasificación permite un enfoque proporcional en la regulación, prohibiendo aquellos sistemas que representan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales, como la manipulación subliminal o la categorización biométrica indiscriminada. Para los sistemas de alto riesgo, se requieren controles estrictos para garantizar que no comprometan la seguridad, la salud o los derechos fundamentales.
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Chile, con su reciente proyecto de ley, se alinea con esta tendencia global al buscar regular la IA de manera que promueva la innovación mientras protege los derechos de las personas. Sin embargo, el proyecto chileno aún presenta áreas que requieren mayor atención. Por ejemplo, la ley debería abordar con más claridad la distinción entre IA y sistemas de IA, y considerar la inclusión de aspectos como la soberanía nacional digital y la protección de los trabajadores del sector.
La legislación sobre IA de Europa ofrece valiosas lecciones para Chile. La regulación debe ser lo suficientemente robusta para mitigar riesgos y proteger los derechos fundamentales, mientras fomenta un entorno de innovación. Al aprender de la experiencia europea y adaptar esas lecciones a su contexto, Chile puede construir un marco regulatorio que no solo impulse el desarrollo tecnológico, sino que también garantice una integración ética y equitativa de la inteligencia artificial en la sociedad.
