La multitienda Corona, uno de los actores tradicionales del retail chileno, anunció el cierre total de sus operaciones luego de no lograr concretar una línea de crédito por $24 mil millones. El financiamiento era clave para cubrir deudas acumuladas y mantener a flote la empresa, pero el rechazo de la banca terminó por sellar su destino.
El cierre de tiendas se tradujo rápidamente en escenas masivas de liquidación en diferentes ciudades del país. Filas de personas se agolparon en los accesos a las sucursales en busca de las últimas ofertas antes del cierre definitivo.
Liquidación en curso y un proceso aún abierto
Pese a que las tiendas han cerrado y la operación comercial llegó a su fin, el proceso de liquidación de la empresa aún está en desarrollo. En este contexto, los trabajadores y sindicatos han tomado un rol activo para exigir explicaciones, no solo a la empresa, sino también al Gobierno, que hasta ahora ha mantenido un silencio que muchos califican como inexplicable.
La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) emitió recientemente un oficio solicitando a Corona aclaraciones respecto de inconsistencias detectadas en el detalle de su deuda. En particular, se identificaron diferencias de hasta $400 millones en los registros con sus dos principales acreedores: Banco Internacional y Anhui Garments.
El superintendente, Hugo Sánchez, explicó en una entrevista con Radio Bío Bío que esta solicitud busca evitar eventuales nulidades en el proceso de nominación del liquidador. Además, recalcó la necesidad de asegurar que todo el proceso concursal se realice conforme a la ley, protegiendo tanto a los acreedores como a los trabajadores involucrados.
Reuniones con autoridades laborales
Paralelamente, representantes sindicales han intensificado su agenda de reuniones para hacer visible la situación que enfrentan los trabajadores tras el cierre de la compañía. Según un comunicado emitido por los gremios, el pasado 21 de julio sostuvieron un encuentro con parlamentarios de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, en el que expusieron su preocupación por la falta de respuestas formales y la lentitud del proceso.
Además, dirigentes fueron recibidos por representantes de la Subsecretaría del Trabajo y la Dirección del Trabajo (DT), quienes les informaron sobre las conversaciones que el Gobierno ha sostenido con la empresa, en un intento por resguardar los derechos laborales comprometidos.
Emplazamiento directo al Ejecutivo
La tensión entre los trabajadores y el Ejecutivo aumentó tras declaraciones de Andrea Rojas Suco, vicepresidenta de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT) y presidenta del Sindicato de Multitiendas Corona Los Andes. En conversación con Radio Bío Bío, la dirigenta expresó el profundo malestar que viven cientos de trabajadores que se sienten abandonados por la autoridad.
“Hace mucho tiempo que veníamos en una situación complicada. Nunca tuvimos información oficial, todo llegaba a través de comentarios de gerentes. Nos prometieron el pago de nuestros finiquitos, pero nunca pensamos que esto se iba a extender tanto”, relató.
Más allá de la incertidumbre económica, Rojas criticó duramente la falta de reacción institucional. “Me extraña que este Gobierno no se haya pronunciado respecto a lo que estamos viviendo 1.800 trabajadores. Ni siquiera la Ministra de la Mujer ha dicho algo, siendo que más del 80% de los trabajadores somos mujeres”, enfatizó.
Acciones en curso: solicitud de audiencia y protección de derechos
En la misma línea, los gremios han solicitado una audiencia con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). El objetivo es obtener mayor claridad sobre el uso del seguro de cesantía y buscar mecanismos para agilizar los pagos correspondientes.
Desde la CAT aseguran que están explorando todas las vías legales e institucionales para defender los derechos laborales y garantizar que los trabajadores reciban lo que les corresponde por ley. Entre las medidas planteadas se encuentra la eventual judicialización de los casos si no hay avances concretos en los próximos días.
El caso de Corona ha encendido las alertas en torno a cómo se gestionan los procesos de insolvencia en Chile, especialmente cuando hay cientos o miles de trabajadores involucrados. Las diferencias detectadas en la deuda reportada a la Superir generan dudas sobre la transparencia del proceso y podrían entorpecer aún más la ya compleja liquidación.
Por ello, los sindicatos no solo apuntan a la empresa, sino también al Estado, al que consideran responsable de supervisar y garantizar un proceso justo. En su opinión, la falta de pronunciamiento público de parte del Gobierno es una señal preocupante en un caso que afecta el empleo y la estabilidad de cientos de familias.
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El cierre de Corona no solo representa la caída de una tradicional multitienda chilena, sino también una crisis de confianza en los procesos de insolvencia y en la capacidad del Estado para responder ante emergencias laborales de gran magnitud. Con más de 1.800 trabajadores afectados directamente y cientos de familias impactadas indirectamente, el llamado de los sindicatos es claro: se necesita una respuesta institucional, urgente y efectiva.
Mientras tanto, el proceso sigue abierto y el futuro de los extrabajadores de Corona continúa marcado por la incertidumbre, la espera y la falta de respuestas claras. La exigencia de los gremios al Gobierno no es solo por los finiquitos adeudados, sino también por el respeto a la dignidad laboral y el cumplimiento de los derechos que les asisten por ley.
